Piden penas de hasta 14 años de prisión para nueve acusados de integrar una banda narco

La banda fue desbaratada en febrero de 2018 cuando se interceptó una maniobra de compra-venta de casi 60 kilos de marihuana. Se encargaba de distribuir droga a puntos de ventas en distintos barrios de Mar del Plata.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani expuso su alegato este viernes. Foto ilustrativa: archivo 0223.

2 de Julio de 2021 19:28

Por Redacción 0223

PARA 0223

El fiscal general Juan Manuel Pettigiani solicitó este viernes en su alegato penas de entre 6 y 14 años para nueve de diez personas que llegaron a estar acusadas en una investigación por una organización narcocriminal que fue desbaratada en febrero de 2018 y que se encargaba de distribuir cocaína y marihuana a puntos de ventas en distintos barrios de Mar del Plata.

El funcionario judicial acusó a Carlos "Cato" Giménez, Ángel David Brecciarolli y Cristian Daniel Domeika como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos agravados. Los dos primeros suman también la acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego. Los pedidos de pena ascienden a 14 años de prisión para “Cato” y de 10 años para los coimputados.

Por otro lado, el fiscal pidió la absolución de Marina Yarit  Rueda Sánchez respecto al delito de lavado y formuló acusación contra él por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por ello, solicitó que se le imponga una pena a 8 años de prisión.

Para Luis Fernando Nuñez Ayala y Ángel Custodio Nuñez Martínez, Pettigiani  solicitó condenas a 6 años de prisión, por considerarlos autores del delito de transporte de estupefacientes. Y para Raúl Ricardo, Ricardo Raúl y Jeremías Ezequiel Giménez, la fiscalía solicitó penas de 7 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Con la asistencia del auxiliar fiscal Carlos Fioriti, el fiscal Pettigiani explicó en su alegato que el avance de una pesquisa y el aviso por parte de la División de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas de inteligencia de un posible arribo de una carga importante de estupefacientes, permitió el 28 de febrero de 2018 el allanamiento de la vivienda situada en Génova Bis, entre Udine Bis y Pehuajó. La causa se había iniciado a raíz de una intervención telefónica dispuesta ante la denuncia de un secuestro extorsivo que evidenció posibles maniobras de comercio de estupefacientes.

En ese lugar, señaló, se encontraban Carlos “Cato” Giménez y Ángel David Brecciarolli, acusados de liderar la organización junto a Cristian Daniel Domeika, quienes esperaban el arribo de Luis Fernando Nuñez Ayala y Ángel Custodio Nuñez Martínez. El fiscal añadió que padre e hijo viajaron desde Buenos Aires en una camioneta BMW con patente de Paraguay con casi 60 kilos de marihuana, escondida dentro del zócalo del vehículo. Además, en el lugar se secuestraron casi 600 gramos de cocaína, material que era provisto –de acuerdo quedó probado en el debate para el MPF- por la coimputada Marino Rueda Sánchez y por Marcelo Roldán, quien falleció en el marco del proceso. Estas personas, a su vez, se contactaban con proveedores de la ciudad de Buenos Aires para ir en busca del material, explicó Pettigiani.

Además de la acusación por tenencia ilegítima de armas que recae sobre Giménez y Brecciarolli, el fiscal ahondó en la investigación sobre el crecimiento patrimonial de los integrantes de la banda que, de acuerdo a la prueba reunida en el debate y el expediente, tenían como pantallas un corralón de material que solía estar con su persiana baja y una agencia de compra y venta de automóviles.

Indicó que, pese a ello, se logró desentramar que el ingreso central de sus miembros estaba vinculado a la venta de droga. “Los testigos han sido coincidentes en cuanto a que los locales comerciales ubicados en la calle Génova al 8000, pertenecientes a la familia Giménez, constituían una fachada para ocultar el verdadero negocio al que se dedicaban, vinculado al tráfico de estupefacientes”, sostuvo el fiscal durante la audiencia de alegato.

De esta manera, se acreditó que se buscó dar apariencia lícita al beneficio económico de esta actividad ilegal, fundamentalmente mediante la adquisición de vehículos, indicó. Su tenencia informal -detalló Pettigiani- no sólo fue detentada por Carlos Giménez, sino también por su padre Raúl Ricardo Giménez y sus hermanos Ricardo Raúl y Jeremías Ezequiel Giménez. Los automóviles, entendió la fiscalía, eran utilizados también en algunas ocasiones para el pago de sustancia ilegal.

Cocaína y marihuana para distribuir en Mar del Plata

La hipótesis de investigación, explicó Pettigiani, se vio respaldada por numerosas escuchas telefónicas y tareas de campo, que derivaron en los allanamientos de febrero de 2018. Durante su alegato, el fiscal reparó en que hasta el 2016 “Cato” Giménez hablaba en código con la intención de que su rol en el tráfico de estupefacientes pasara inadvertido: utilizaba palabras o frases como “llegaron las chicas”, “ya vino mi amiga”, “la piba viene en el colectivo”, “alimento para perros”, “bolsa de cal”, “preparo el asado”, al hacer referencia a la sustancia estupefaciente.

Añadió que, desde comienzos de 2017, “de manera directa y categórica, sintiéndose impune, abandona en los diálogos telefónicos los rodeos hablando de manera directa sobre drogas, precios, cantidades y calidades del material estupefaciente al que se encontraba vinculado, o sea de marihuana y cocaína”.

El fiscal consideró ilustrativa, en este sentido, una conversación entre el acusado y otra persona de diciembre de 2017: “El auto estuvo cargado una semana... Se confundieron conmigo, la verdad yo no vendí pan…. Decile a la Bety (posiblemente una revendedora) que conmigo se confundió, me debe trescientas lucas. Yo no vendo pan, yo vendo droga boludo, vendo droga, vendo droga, me recontra re paro de mano por mi droga”.

En otro fragmento del alegato, el representante del MPF indicó que once audios daban “un fiel reflejo de la operatividad que utilizaba “Cato” horas previas a recibir la mercadería y su posterior distribución, casi de inmediato a sus ‘clientes’”.

La evidencia, relató el fiscal, arrojó que primero anoticiaba de la llegada del cargamento a las personas encargadas de los lugares de venta, pactaba la cantidad deseada en cada caso y con la mercancía en su poder iniciaba el fraccionamiento y distribución en el momento, para lo cual realizaba un recorrido en vehículo por los diferentes puntos previamente establecidos.

Pedido de decomiso

Los vehículos secuestrados en la investigación habían sido valuados, en marzo de 2018, por 3 millones de pesos, y la actualización del precio dólar arroja un valor total actual de 25 millones de pesos, según dejó constancia el fiscal en la audiencia.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 23 del Código Penal, la fiscalía solicitó el decomiso de la totalidad de los bienes y dinero –que asciende a 558.467 pesos- secuestrados.

Entre los bienes objeto de decomiso se encuentran aquellos instrumentos utilizados para la comisión de los delitos: el auto en que se movía Giménez, en cuyo interior se encontraron 411 mil pesos, una balanza digital y un arma calibre 38; y el BMW con patente de Paraguay donde se secuestró la droga.

Por otro lado, y luego de acreditarse para el MPF el delito de lavado, Pettigiani entendió que “las ganancias de la organización estaban destinadas a la adquisición de vehículos, sus transferencias de manera informal entre los imputados y utilizándose en algunos casos esos vehículos como moneda de cambio”, por lo que requirió también el decomiso de 45 vehículos, entre ellos cuatro 0 km, varias motos, dos cuatriciclos, dos camiones y un tractor.