Montenegro presentó otra denuncia por una protesta de organizaciones en ruta 88

El Gobierno de Guillermo Montenegro volvió a recurrir a la Justicia por un corte en ruta 88 que llevaron adelante este martes diferentes organizaciones sociales para reclamar mayores políticas asistenciales en el marco de la pandemia del Covid-19.

El Municipio aseguró que este tipo de movilizaciones "representan delitos de acción pública". En la presentación que hizo el Ejecutivo, señalaron que “se altera la comunicación y el derecho a transitar por el territorio argentino", tal como consta en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Asimismo, los hechos descriptos en la denuncia encuadrarían “prima facie” en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal de la Nación que reza “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres a dos años”.

Por último, se fundamenta que este delito “pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”.

"Más allá del motivo de los reclamos, entendemos e insistimos en que estas movilizaciones ponen en riesgo la salud y el trabajo de los marplatenses y dificultan muchísimo la movilidad de los vecinos que necesitan trasladarse. Esperamos que la justicia actúe de forma inmediata", dijo el intendente Montenegro, a través de sus redes.

El Municipio solicitó que, además de atender a esta denuncia, se realicen las medidas de prueba que las autoridades correspondientes consideren ordenar a los efectos de esclarecer los hechos denunciados. A su vez, se puso a disposición las imágenes registradas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).