Se reactiva el reclamo judicial contra la ordenanza que regula la nueva Zona Roja

Luego de resolver aspectos administrativos y tras la feria judicial, el director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, le da un nuevo impulso a su demanda en la justicia federal para frenar la implementación de la nueva ordenanza que regula el funcionamiento de la Zona Roja.

En las últimas horas, el referente de La Alameda amplió la demanda que tramita el juez Alfredo López, del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, donde amplió la prueba documental agregando el Decreto 1597/22 de promulgación de la Ordenanza 25.590, publicado en el Boletín Oficial del 25 de julio. De esta forma, se repara una posible objeción que podría haber recibido el reclamo de Vera, dado que una ordenanza tiene vigencia a partir de su promulgación, situación que no había ocurrido al momento de presentar la demanda, días después que fuera sancionada por el Concejo Deliberante.

“Ha sido promulgada por el Ejecutivo Municipal con los mismos alcances con los que fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante y, por esta razón, se acredita el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho expuesto”, expuso Vera, en el escrito judicial al que accedió 0223.

Asimismo, Vera subsanó un inconveniente administrativo que le había objetado el juez López, dado que se encontraba vencido el plazo por el cual había sido nombrado como director del Comité. En ese sentido, el funcionario acreditó la personería con la elevación de la Resolución 435/22 de la jefatura de Gabinete del pasado 13 de julio, donde Juan Manzur amplió su permanencia en el cargo.

“Esta norma promulgada es inconstitucional y nula, por afectar los derechos humanos más fundamentales amparados por la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina”, argumentó Vera en esta nueva oportunidad, para sostener su pedido una medida cautelar que suspenda la aplicación de la normativa, en tránsito a un amparo donde se resuelva la inconstitucionalidad de la ordenanza.

Por otro lado, el magistrado ya elevó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen respectivo a la personería invocada, competencia, habilitación de instancia y, además, “formule además todas las manifestaciones del caso que estime corresponder”.

El llamado Programa Zonas Seguras fue aprobado por el Concejo Deliberante el pasado 24 de junio con el voto del interbloque de Juntos y Nicolás Lauría, y a, través de él, se autoriza la determinación de uno o más lugares para el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Hasta el 8 de septiembre, el Ejecutivo podrá recibir propuestas, tras lo cual determinará por decreto la o las nuevas ubicaciones, que no podrán coincidir con lugares donde haya vecinos frentistas con residencia domiciliaria. Quienes no respeten las zonas podrán percibir multas económicas e incluso penas de hasta 40 días de prisión.