Por un trámite demorado, se pausa la demanda de Vera contra regulación de la Zona Roja

La demanda en la justicia federal que el director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, realizó para suspender la ordenanza que regula la Zona Roja en Mar del Plata, ingresó en un inesperado impase de espera. Es que la Jefatura de Gabinete no prorrogó su permanencia en el cargo que detenta y ahora deberá realizar el acto administrativo para que la causa pueda avanzar.

El jueves pasado, el juez Alfredo López había advertido que se encontraba vencido el plazo por el cual Vera había sido originalmente designado a través de la Decisión Administrativo 989/2020. Dicho acto a cargo del entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, lo había designado por 180 días contados a partir del 17 de marzo de 2020, por lo que Vera actualmente no estaría formalmente habilitado para actuar en nombre del Comité.

En términos políticos el hecho es moneda corriente, dado que es recurrente la situación de funcionarios que ejercen un cargo mientras se tramita la designación administrativa. Lo mismo corre para aquellas funciones con plazo vencido, a la espera de una prórroga. La dificultad, en este caso, asoma ante la necesidad de Vera de actuar judicialmente como el responsable de un organismo.

Precisamente, este lunes Vera solicitó al juez López el otorgamiento del plazo previsto en el artículo 46 del Código Procesa Civil y Comercial de la Nación para completar la documentación. El demandante argumentó que “por cuestiones netamente administrativas, la prórroga de la designación en mi cargo se encuentra demorada, motivo por el cual el acto administrativo aún no ha sido emitido” y se comprometió a resolver la dificultad en el plazo pautado.

Tras ello, el magistrado le otorgó un plazo de 20 días hábiles para la presentación de los escritos que justifiquen el cargo, “bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada”. Ello podría derivar en el cierre de la causa, si el juez comprende que Vera solo está legitimado para litigar por cumplir el rol de responsable de un organismo nacional vinculado a la temática de la trata y explotación de personas.