El duro relato de los prestadores: “No se puede sostener este trabajo por más vocación que tengamos”:

Siete relatos de prestadores en la temática de discapacidad expusieron ante el Concejo Deliberante la dura realidad que atraviesan millares de profesionales de la salud a lo largo y ancho del país, ante una situación crónica de retraso en los pagos que se vio agravada en los últimos meses por la aceleración de la inflación.

“Esto es algo que pasa históricamente y no por histórico debe ser normalizado. Los derechos de las personas con discapacidad se violentan todo el tiempo con el acceso a la salud”, advirtió Karina Diéz, técnica superior en Acompañamiento Terapéutico, quien expuso ante la Comisión de Derechos de Humanos en su doble condición de prestadora y madre de un menor con discapacidad.

“Tenemos que ir a pelear con la obra social cada vez que un médico prescribe una prestación. No reconocen muchas prestaciones que no están nomencladas o, en casos favorables, hay esperas de 45 días como mínimo para que sean aprobadas. Muchas veces debemos recurrir a medidas judiciales, algo a los que muchos no pueden acceder porque no tienen para pagar un abogado que presente un recurso de amparo”, relató.

“No se puede sostener este trabajo por más vocación que tengamos. Pasamos muchos meses sin cobrar", concluyó Diéz, explicando la depreciación que sufren sus ingresos por la inflación y con el paso de los cuatro y cinco meses en promedio que demoran en acreditarse.

Viviana Juárez, terapista ocupacional e integrante del colectivo Prestadores Unidos MdP, contó la situación a la que se enfrentan cuando comienzan a tratar a una persona con discapacidad, la mayor de las veces, previo a que el paciente haya superado todas las trabas burocráticas, para de ese manera no afectar su estado de salud. “Los empezamos a atender porque no los queremos dejar sin la prestación y, mientras tanto, las obras sociales nos dicen que no tenemos que comenzar a atenderlos. Nos pasa que empezamos a tender y esos meses no los cobramos, eso está naturalizado”, graficó.

“Es muy angustiante todo lo que nos pasa, cobrar cuando las obras sociales quieren, hay compañeros sin cobrar prestaciones de 2020. No tenemos respuestas al respecto”, se quejó en un sesión de la comisión en la cual participaron concejales de Juntos, el Frente de Todos y Creciendo Juntos.

“Piensen qué les sucedería si no percibieran sus honorarios durante 60 días. Hay deudas de 2020, cuando nuestros compañeros cobren esos honorarios van a estar totalmente licuados”, agregó Jesica Machado, licenciada en Psicopedagogía y especializada en autismo. “Tengo un nene y una casa que mantener, todo eso con vocación no lo puedo sostener”, añadió Diego Garello, licenciado en Psicología y acompañante terapéutico.

Tras las exposiciones, la comisión presidida por Gustavo Pujato (UCR) acordó continuar debatiendo en un próximo encuentro el pedido realizado por la concejal Liliana Gonzalorena (Coalición Cívica), para pedir un informe al Ministerio de Economía y a la Agencia Nacional de Discapacidad sobre “el ajuste en las prestaciones por servicios de salid para personas con discapacidad”.