Denuncian que el Municipio quiere "invisibilizar, criminalizar y exponer" a las trabajadoras sexuales

A 24 horas de que el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro defina la nueva ubicación de la denominada Zona Roja, especialistas y profesionales que acompañan y asisten a trabajadoras sexuales migrantes rechazaron la ordenanza que define el traslado de la actividad y denunciaron que el Municipio busca "mover esta problemática hacia un lugar menos visible donde se las invisibiliza, se las criminaliza y se las expone a un mayor riesgo".

El proyecto de extensión “Abriendo Pasos: acompañando trayectorias de vida de mujeres trans migrantes” radicado en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) asiste al colectivo de Mujeres Trans Migrantes de Mar del Plata, conformado principalmente por personas oriundas de Perú, Ecuador y República Dominicana; y en función de su experiencia lanzaron duros cuestionamientos al proyecto aprobado a fines de junio en el Concejo Deliberante.

Ante el discurso que asocia la prostitución a la venta de droga y el aumento de la inseguridad, desde el grupo de extensión repararon en que la ordenanza sancionada "no propone ningún abordaje con la comercialización ni con el consumo de sustancias". "Esto nos lleva a preguntarnos si se está intentando arribar a un consenso o a una solución de algún tipo, o solo se está intentando mover la problemática hacia un lugar menos visible", reflexionaron.

Las especialistas plantearon que la reubicación de la actividad - el Ejecutivo planea mudarlo a una zona aledaña a los cementerios del sur - no hace más que "invisibilizar, criminalizar y exponer a un mayor riesgo" a las trabajadoras sexuales.

Las integrantes del colectivo de Mujeres Trans Migrantes habían solicitado mudar la actividad a la Avenida Champagnat, en un tramo que va desde la Avenida Juan B. Justo hasta Berutti. Esa zona, frecuentada por las trabajadoras, no tiene vecinos frentistas y posee cámaras de seguridad, requerimientos necesarios para cumplir con la ordenanza. Sin embargo, el pedido no fue escuchado.

Desde el grupo destacaron que el Municipio avanza con el reconocimiento de "la histórica existencia de personas que realizan trabajo sexual/prostitución en zonas específicas de la ciudad", aunque lamentaron que la normativa aprobada "continúa vulnerando sus derechos básicos sin brindar una respuesta integral para su abordaje".

Por esta razón, las representantes del colectivo de Mujeres Trans Migrantes instaron al Ejecutivo a considerar el pedido de las trabajadoras" y a llevar a cabo un "debate plural y abierto al diálogo donde se escuchen todas las voces involucradas", como así también que se les dé una respuesta concreta a sus demanda en pos de garantizar sus derechos.

"Queda claro que no hay voluntad de solucionar los problemas de fondo que se relacionan con la exclusión social y la violencia institucional. Ni las sanciones económicas ni los arrestos policiales pueden ser considerados como una solución a la problemática por parte del Estado", remarcaron.

"No a la criminalización del colectivo travesti trans. Por un Estado presente con enfoque de derechos humanos y respuestas integrales a las demandas de sus vecinxs", completaron.