Falta de mérito, excarcelación y arresto domiciliario: pedidos en la causa por la asociación ilícita mixta

El cronograma de quince minutos por imputado que el Juez de Garantías Daniel De Marco dispuso para las audiencias donde escuchó los pedidos de las defensas se cumplió casi al pie de la letra y después de las 13 se cerró la jornada. El martes, como último plazo, se resolverá el pedido de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público Fiscal para todos los acusados de integrar una asociación ilícita mixta.

Los imputados fueron ingresando de a uno al despacho del Juzgado de Garantías N°1 junto a sus respectivos defensores que plantearon los pedidos, que algunos ampliarán por escrito,  y que el magistrado resolverá antes del próximo martes. 

Las solicitudes de los siete imputados pueden resumirse en tres ejes distintos: adecuar correctamente que delito se le atribuye a alguno de ellos y solicitar la falta de mérito, rechazar la prisión preventiva porque no existe riesgo de fuga y obtener la excarcelación y, en caso de otorgarla, solicitar una morigeración como el arresto domiciliario.

Más allá de la decisión que el magistrado tome en cada uno de los pedidos, también existe la alternativa de que luego  la totalidad o parte de la causa pase a la órbita federal. Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que al menos lo relacionado con la comercialización de moneda extranjera podría seguir ese camino. Luego será el turno de aceptar o rechazar ese traslado y en caso de la segunda opción, la resolución queda en manos de la Corte.

Tal como se informó oportunamente, el Ministerio Público Fiscal mantuvo en su solicitud el rol atribuido a cada uno de los imputados y consideró al ex jefe de la Departamental José Luis Segovia como el líder de la asociación ilícita mixta que daba protección a los “arbolitos” y desviaba el curso de investigaciones por robo calificados.

Al ex policía Javier González y al oficial Gastón Moraña los acusan como integrantes de la misma asociación y les dan el rol de recaudadores que dependían directamente de Segovia. Por su parte al policía federal Nicolás Rivademar –el único que está con arresto domiciliario- también lo consideran integrante de la asociación ilícita y que brindaría cierta protección en caso de intervención de la Justicia Federal.

Los investigadores también pidieron la prisión preventiva para los dos imputados que ya estaban detenidos en el marco de la causa por el secuestro y extorsión del autor de un millonario en un edificio de Cabo Corrientes. El ex policía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti eran socios en el café ubicado sobre la avenida Luro desde el que monitoreaban la tarea de los “arbolitos”.

El último en ser detenido  fue el abogado Lautaro Resúa que actuaría como nexo entre algunas de las partes, tenía contacto con los recaudadores y tuvo una activa participación en las maniobras para desviar las investigaciones en distintas causas penales.