Violador reincidente: la fiscalía de ejecución se había opuesto a la libertad asistida

No habilitado por la ley, conflictivo y con dificultadas en la regulación de sus impulsos. Esos fueron los motivos que la Fiscalía de Ejecución Penal planteó en la audiencia del pasado 2 de septiembre para oponerse a la libertad asistida de Sergio Lucero, el sujeto que cumplía una pena por abuso sexual y que, al salir de la cárcel, volvió a violar.

Según los datos a los que accedió 0223, en ese encuentro la Defensa del hombre de 45 años le planteó al Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta que se encontraban reunidos los requisitos para la incorporación del encausado en el régimen peticionado cuatro meses antes del vencimiento de la pena impuesta en mayo de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

La Fiscalía planteó la oposición porque el artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal no lo habilita, por la conflictividad de Lucero y las dificultades en la regulación de sus impulsos. De ese modo consideraron “la inviabilidad del documento reservado del que solicita no se aparte”.  

En sus fundamentos el titular del Juzgado de Ejecución Penal N°2 sostuvo en relación a la prohibición del artículo 100 que debían analizarse diferentes principios. Uno de ellos es el principio de igualdad, otro el de progresividad que está previsto en la ley 24.660, la relación entre sí, la concurrencia o no de los requisitos exigidos, y si el encausado cumple con el requisito temporal y ha realizado diferentes cursos. 

Galarreta declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 100 e hizo lugar a la libertad asistida solicitada respecto a Sergio Lucero con una serie de condiciones. Debía residir en el domicilio de Brown al 8800 –donde ocurrió el primer abuso-, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, adoptar un trabajo laboral, arte u oficio, no cometer nuevos ilícitos y realizar un tratamiento psicoterapéutico.

También había dispuesto que realizar un tratamiento para las conductas adictivas para lo que deberá presentarse ante el CPA dentro de las 24 horas de recuperada su libertad, la prohibición de permanencia junto a menores de edad, la prohibición de contacto a no menos de 1000 metros con los familiares de las víctimas y la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas y estupefacientes

En cumplimiento de los plazos legales, el 5 de septiembre el fiscal general adjunto Marcos Pagella, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal interpuso un recurso de apelación como consecuencia del dictado de la resolución que incorporó a Lucero al instituto de libertad asistida.

“No solamente se concedió mal la libertad, sino que no se concedió el recurso de apelación. Encima cuando se informó la existencia de una nueva causa no revocaron la medida, sino que la elevaron a la Cámara de Apelación y Garantías: en ese camino hay una nueva mujer que fue violada”, dijo un operador judicial a 0223.   

Los hechos

Lucero había conocido a la víctima de 47 años hace dos meses en la feria de Plaza Rocha y el viernes pasado se juntaron a comer en la casa del imputado en la calle Brown al 8800. Tras cenar, la mujer comenzó a sentirse mal y allí el sujeto la obligó a practicarle sexo oral para luego penetrarla vía anal y vaginal.

Según la exposición de la denunciante en la Comisaría de la Mujer y la Familia, al día siguiente Lucero la llevó a su casa donde nuevamente la accedió vía anal y vaginal usando profilácticos. La mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada.

Antes de su detención, el fiscal Carlos Russo solicitó la realización de un allanamiento en la vivienda del barrio Jorge Newbery donde se hizo un registro domiciliario: allí secuestraron una caja de teléfono celular de interés y se insertó la captura que se hizo efectiva el miércoles por la tarde por personal del Comando de Patrullas Rural de Balcarce en la ruta 29.