Desalojo en la estación transformadora: la Defensoría Pública apeló pero la medida siguirá en marcha

La Defensoría Pública Oficial apeló este miércoles la medida de desalojo de la toma ubicada en inmediaciones de la Estación Transformadora de Mar del Plata, por donde ingresan líneas de alta tensión, en un recurso que fue aceptado por el juez federal Alfredo López aunque no le otorgó efectos suspensivos y de hecho ordenó una serie de acciones para avanzar con la decisión.

En las últimas horas, el defensor oficial Manuel Baillieau presentó un recurso de apelación ante el Juzgado Federal N°4 considerando que la medida de desalojo solicitada por la concesaria de la estación, Transba SA, “causa a los niños, niñas y adolescentes que represento un gravamen de imposible reparación ulterior”. En ese sentido, reclamó que la apelación sea concedida -es decir, elevada a Cámara- con efectos suspensivos, donde esto último no fue convalidado por el magistrado.

“La apremiante situación de mis asistidos requiere una solución estatal que garantice el derecho a la vivienda”, adujo el defensor oficial. “Pese a los reiterados intentos, hasta el momento el Estado no ha brindado una solución a dicho conflicto, por lo que de conceder el recurso con efecto devolutivo, se consumaría un gravamen irreparable para los niños, niñas y adolescentes que represento”, planteó sobre la necesidad de suspender el desalojo. “La medida recurrida posee efectos equiparables a una sentencia definitiva”, concluyó Baillieau. En el censo realizado en febrero de 2024 se había constatado la presencia de al menos 36 personas, 20 de ellas menores de edad, aunque ese número creció en los últimos meses con nuevas tomas.

Sin embargo, los argumentos no modificaron la decisión del juez López, que concedió el recurso con efecto devolutivo y elevará la apelación a Cámara sin efectos suspensivos. De hecho, el titular del Juzgado Federal N°4 hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por Transba para la ejecución del lanzamiento.

Entre ellas se destacan la notificación de la medida en cada una de las viviendas y predios que se encuentran dentro de la franja de seguridad de los cuatro inmuebles alcanzados, como así también colocar en espacios comunes y visibles las copias de la resolución judicial, a modo de anoticiar del desalojo a cualquier eventual ocupante no identificado.

En tanto, para llevar adelante las diligencias requirió el auxilio de Gendarmería. “La zona es conocida por resultar peligrosa, por lo que esperable que el tenor de la medida pueda generar incidentes graves y agresiones hacia los encargados de practicar la diligencia”, planteó el abogado de la empresa.

Diez días desalojar el predio por cuenta propia

El pasado 20 de febrero, el juez Alfredo López dictó una medida cautelar otorgando un plazo de diez días para que las familias radicadas se retiren por motus propio de los cuatro inmuebles ubicados en la zona de la Estación Transformadora de Mar del Plata. Cumplido el plazo, se podrá proceder con un desalojo por la fuerza. El magistrado tomó en cuenta el peligro inminente para el mantenimiento del servicio eléctrico, como así también el riesgo de muerte que acompaña a las personas que habitan bajo las líneas de alta tensión.

El conflicto se remonta a comienzos de 2022, cuando diferentes familias comenzaron a tomar terrenos de un predio enorme que se extiende sobre Carlos Gardel y entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador hacia el oeste, en la zona del barrio José Hernández. Las casas precarias se fueron instalando en la denominada “franja de seguridad” que abarca una zona de 15 metros a cada lado del eje de las líneas de alta tensión, lugar que debe estar despejado por criterios de seguridad.

Tras la falta de respuestas ante diferentes notas presentadas por la concesionaria a Provincia y Municipio, en mayo de 2023 avanzó con una demanda judicial. Inicialmente, el juez López ordenó garantizar la reubicación de las familias al Ministerio de Desarrollo Social de Nación (luego Ministerio de Capital Humano), al Instituto Provincial de la Vivienda y a la Municipalidad de General Pueyrredon, aunque ello nunca ocurrió. Nación se desentendió tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como en el de Javier Milei y la Comuna dijo que excedía a sus posibilidades.

La situación es aún más comprometedora a nivel provincial, ya que el Instituto de la Vivienda además es propietaria del principal predio donde se desarrolla la toma. Se trata de un inmueble que adquirió tiempo atrás para desarrollar un proyecto de viviendas populares, aunque nunca se pudo concretar justamente por la presencia de las líneas de alta tensión. Recién a fines de 2024 hubo una respuesta del organismo dentro del expediente judicial, donde se limitó a comentar esta incidencia.

Luego de sucesivos pedidos de la concesario Transba para concretar el desalojo frente a la falta de solución de los diversos niveles de Estado, el juez López finalmente hizo lugar al pedido, donde además aplicó una sanción económica diaria al Instituto de la Vivienda.