Punta Mogotes: la Provincia pidió que no prospere la cautelar del Municipio y alertó por una posible paralización del complejo

La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires pidió a la Justicia marplatense que rechace la medida cautelar presentada por la Municipalidad de General Pueyrredon para frenar las nuevas licitaciones en los balnearios de Punta Mogotes. Además, alertó que una resolución favorable al Municipio provocaría la paralización de obras y concesiones clave para el funcionamiento del complejo balneario.

La presentación, a la que accedió 0223, fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, donde tramita la causa iniciada por el gobierno local para impedir que tanto la Provincia como la Administración de Punta Mogotes (APM) lleve adelante nuevas licitaciones, adjudicaciones o ejecución de obras hasta que se resuelva el reclamo por el eventual traspaso del complejo al patrimonio municipal.

En su respuesta, la Provincia sostuvo que el principal efecto de la cautelar sería generar una "grave afectación al interés público". Según argumentó, entre junio y septiembre vencen las concesiones de los 24 balnearios de Punta Mogotes, por lo que impedir nuevos procesos licitatorios dejaría al complejo en una situación de incertidumbre jurídica justo antes de la temporada de verano 2026/2027. El planteo municipal incluye la medida de no innovar, lo que incluso prohibiría un acto administrativo para extender los plazos de las concesiones, un trámite próximo a concretarse, ya que las licitaciones no se concretarán antes del vencimiento del plazo original.

Asimismo, la Fiscalía señaló que los actuales concesionarios necesitan previsibilidad para contratar personal, adquirir insumos, realizar obras de mantenimiento y gestionar habilitaciones. Además, remarcó que la medida también afectaría otros procesos en marcha, como una licitación para la iluminación de la calle colectora, contratos de publicidad vigentes hasta 2029, permisos gastronómicos y otras explotaciones comerciales dentro del complejo.

Como segundo eje de defensa, el organismo cuestionó la legitimación de la Municipalidad para impulsar la acción judicial. Según planteó, el Municipio no tiene actualmente ningún derecho sobre la administración de Punta Mogotes sino apenas una "expectativa futura" condicionada a que se cumplan una serie de requisitos previstos en la Ley 10.233 y en el convenio que creó la APM. En ese sentido, sostuvo que la comuna pretende forzar de manera anticipada la extinción del ente administrador mediante una consignación judicial que todavía se encuentra en discusión y cuya validez es resistida tanto por la Provincia como por la propia Administración de Punta Mogotes.

La presentación agrega que la deuda que mantiene la APM con la Provincia se encuentra bajo un plan de pagos vigente y que el ente continúa abonando regularmente las cuotas establecidas por el Decreto 4209/97. Por ello, consideró que no existe incumplimiento alguno que habilite a un tercero, como la Municipalidad, a intervenir para cancelar la obligación y reclamar el control del complejo.

En otro tramo de la contestación, la Fiscalía cuestionó otro de los argumentos centrales de la demanda municipal: las declaraciones realizadas semanas atrás por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, sobre la posibilidad de transferir Punta Mogotes a la órbita comunal. Según sostuvo, lo único que existió fue una manifestación pública de intención política durante una conferencia de prensa, que no constituye un acto administrativo ni genera derechos exigibles. 

"Las declaraciones formuladas por funcionarios públicos en conferencias de prensa o entrevistas periodísticas no constituyen actos administrativos ni generan obligaciones jurídicas para el Estado", afirmó el organismo, que además señaló que cualquier decisión sobre el futuro institucional de Punta Mogotes requeriría actos formales y la intervención de los organismos competentes.