Ordenan desalojar en 10 días a un grupo de familias que vive debajo de líneas de alta tensión

El Juzgado Federal N°4 ordenó desalojar en el plazo de diez días a un grupo de familias vulnerables que hace al menos tres años tomó una serie de terrenos que se encuentran en inmediaciones de la Estación Transformadora de alta tensión, por donde ingresa la energía que abastece a Mar del Plata. El juez Alfredo López dio lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por la empresa concesaria, Transba SA, al entender que están en riesgo la vida de los ocupantes y también el servicio eléctrico de la ciudad y la región.

El conflicto judicial se remonta a mayo de 2022, cuando vecinos de la zona oeste comenzaron a asentarse en un amplio predio que tiene su corazón en José Hernández, pero que se extiende aún más allá, en una zona rural pegada al barrio Autódromo. En total abarca un frente de 300 metros sobre calle Carlos Gardel y se extiende por unos 3 km, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, y sus proyecciones que son propiedad del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y otros tres particulares.

El núcleo del conflicto está en el terreno lindante a la Estación Transformadora, asociada a la Interconexión en 500 kv Bahía Blanca - Vivoratá, con una potencia de 132 kv, 600 veces superior a la energía domiciliaria de 220 v. A la precariedad ya existente de vivir en un asentamiento, la distribuidora eléctrica provincial, Transba SA, impulsó una medida cautelar para frenar su ampliación.

"Una amenaza latente para la prestación del servicio"

"La instalación de viviendas en las zonas exclusivamente reservadas para su funcionamiento resulta en una amenaza para la adecuada prestación del servicio a cargo de la empresa actora. Destaca en reiteradas oportunidades (...) que dichos terrenos se encuentran poblados de manera tal que se encontraría comprometido un adecuado control y mantenimiento de las instalaciones eléctricas que prestan este servicio, resultando en una indisponibilidad para Transba de las Líneas de Alta Tensión por ella operadas, con la potencial interrupción de la transmisión de energía y el perjuicio que ello ocasionaría para la comunidad", señaló López.

Para el juez, "la ocupación de las zonas de exclusividad referidas, comprometería seriamente su estado y, por tanto, la prestación de las funciones básicas para las cuales las mismas fueron construidas y destinadas". "Sumándose al posible deterioro que podrían sufrir, se encuentra la imposibilidad de realizar un adecuado mantenimiento, resultando así en una amenaza latente para la prestación del servicio ofrecido. Es por ello que las imperiosas y cotidianas tareas de mantenimiento a llevar a cabo para disminuir los riesgos y la adopción de medidas de seguridad ante posibles incendios, emergencias ambientales y sanitarias resultan urgentes y necesarias. Tareas que, con base en lo expuesto y las circunstancias narradas, resultarían de imposible concreción", reiteró.

En base a lo expuesto, el magistrado del Juzgado Federal N°4 razonó que "se encontraría en grave riesgo la integridad física de los habitantes de las viviendas ubicadas en las zonas de seguridad afectadas por las LAT".

"Es claro entonces, que tal situación habitacional compele al suscripto al dictado de una medida de carácter urgente en procura de proteger tanto la normal prestación del servicio de energía eléctrica para las zonas proveídas por la Interconexión Bahía BlancaVivoratá, gravemente amenazada, como los derechos de los potencialmente afectados, derechos evidentemente conminados en virtud de la prueba documental aportada por TRANSBA SA. Es así que, denegar en este caso la cautela pretendida ocasionaría un perjuicio irreparable que se tornaría de difícil o, eventualmente, imposible solución ulterior", resumió López.

La causa la inició Transba a comienzos de 2023 y allí se pedía como medida inicial que el Estado se haga cargo de la reubicación de las personas, postura que fue avalada por el juez López. Sin embargo, en todo este tiempo imperó la falta de respuestas tanto del Ministerio de Desarrollo Social -durante el gobierno de Alberto Fernández- y su sucesor MInisterio de Capital Humano -ya con Javier Milei-, del Instituto Provincial de la Vivienda y de la Municipalidad de General Pueyrredon. La situación es aún más comprometedora para el organismo provincial, ya que es titular del principal inmueble sobre el cual se dan las tomas, donde según un censo realizada en febrero habitaban 36 personas, aunque ese número ya creció. Por eso, además del desalojo el juez López determinó una multa económica diaria al Instituto Provincial de la Vivienda.