El Pami bajo la lupa: denuncia penal de un intendente por asociación ilícita con una clínica privada

El intendente del partido de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro, avanzó con la presentación de una denuncia penal ante la unidad fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-Pami). El mandatario viajó hasta la ciudad de Buenos Aires para reunirse con Javier Arzubi Calvo, funcionario responsable del área, para tratar los asuntos vinculados a una investigación por irregularidades comprobadas por el municipio por el mal desempeño que viene teniendo la prestadora con sus afiliados desde el año 2021.

Santoro estuvo acompañado por su secretario de salud, Amadeo Echeverría, el responsable de facturación del hospital de Madariaga, Gonzalo Costa, y el asesor legal externo, Leandro Alonso.

El encuentro con Arzubi Calvo tuvo como objetivo explicar personalmente a los investigadores de la fiscalía los alcances de la denuncia penal presentada el pasado 19 de mayo, en la cual se detalla una maniobra de traslado de la atención de los abuelos del hospital municipal al sector privado vía el Instituto Médico Madariaguense. 

Para el gobierno de Santoro, esa política de traspaso se desarrolló “de manera totalmente arbitraria, injustificada y sin previo aviso”, lo que no solo afectó a las arcas del municipio sino, más importante, perjudicó la salud de los abuelos al quedar en evidencia el aumento porcentual de internación en el hospital aún cuando se tiene menos de una tercera parte de la cápita total.

Desde la gestión de la comuna afirmaron que ese mismo accionar ocurrió en diciembre del 2024 y en abril de este año. “Se arremetió nuevamente el INSSJP contra la voluntad de los afiliados Pami de General Madariaga y el derecho básico de elegir, principio elemental de la libertad ciudadana”, expresó Santoro al respecto.

Un llamado de atención en Madariaga por el fraudulento accionar del Pami

Con el correr del tiempo la situación llamó la atención de las autoridades locales ya que se fueron repitiendo los casos en los cuales los afiliados que mayor complejidad de atención requerían se encontraban dentro de la cápita del municipio, mientras que, al probar con otros afiliados con tratamiento simples, lo estaban en la cápita de la clínica privada.

En consecuencia se sospecha de la existencia de una posible asociación ilícita entre los funcionarios de Pami y el prestador privado para el beneficio económico de este último.

Por todo lo expuesto y formulada la denuncia penal correspondiente, el municipio de General Madariaga es el primero que acciona ante maniobras de estas características contra la prestadora Pami.