Denunció 14 veces a un alumno por acoso y la asesinó: el Estado deberá indemnizar a su familia

La Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán emitió un fallo histórico al responsabilizar al Gobierno provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa por el femicidio de Paola Tacacho. La sentencia establece el pago de una indemnización millonaria a la familia de la docente, al reconocer que el Estado y el magistrado desoyeron las 14 denuncias que la víctima había presentado antes de ser asesinada en 2020. La decisión judicial marca un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en la jurisdicción.

Horas después, la madre de la fallecida expresó su postura frente a la medida: “No nos interesa el dinero. No es lo por lo que peleamos”. Posteriormente, subrayó con firmeza: “El Estado es responsable del femicidio de mi hija. La abandonaron y hoy nos están dando la razón”. La mujer recalcó que el objetivo de su lucha siempre fue el reconocimiento de la responsabilidad estatal y del magistrado, y no la compensación económica.

La familia recordó que la chica había denunciado en reiteradas oportunidades a su agresor, incluso en 14 ocasiones reconocidas por la Justicia. “Hoy nos están dando la razón. Todas las herramientas que tenemos para salir adelante son porque Paola dejó todo acreditado”, remarcó su mamá. Después, agregó: “Ella hizo todo y más, fue a todos los lugares, no dejó uno sin recorrer. Nunca recibimos un pedido de disculpas de nadie. Fue un abandono total”.

Con respecto al rol del exmagistrado condenado, la madre fue contundente: “Al sobreseer al femicida, le da vía libre para matar a mi hija. Lo destituimos, sí, y ahora con esta sentencia marcan un porcentaje de lo que debe pagar, pero en definitiva no nos interesa el dinero, nunca nos interesó. El eje central y por lo que peleamos es porque el Estado y el exjuez son responsables. Eso es lo que nos mueve".

El fallo obliga al Gobierno y al exjuez a abonar una indemnización de 36.424.858,93 pesos. La sentencia reconoce de manera explícita la responsabilidad del Estado en un femicidio anunciado, ya que Tacacho había demandado a su agresor desde 2015. El expediente advertía sobre el riesgo extremo que corría, pero fue archivado por “falta de espacio físico”. Tras el crimen, Pisa fue destituido en 2021 por mal desempeño, y ahora también enfrenta la condena judicial y económica por su accionar.