Decisión histórica: buscan incorporar las pistolas Taser en la Policía Bonaerense
La iniciativa del massista Carlos Puglelli obtuvo despacho favorable por unanimidad de los presentes en la Comisión de Seguridad. La propuesta busca incorporar armas no letales al marco normativo de la Bonaerense. No participaron de la reunión los diputados de La Cámpora y Kicillof.
Por Redacción 0223
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Un proyecto de ley para habilitar el uso de armas no letales por parte de la Policía Bonaerense avanzó este miércoles en la Legislatura provincial, luego de obtener despacho favorable por unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Seguridad, en una señal histórica en la Cámara Baja ante una propuesta que causa discrepancias dentro del oficialismo.
El proyecto de ley presentado por el Frente Renovador propone modificar la Ley 13.482, que regula la organización y el funcionamiento de las policías de la provincia de Buenos Aires, mediante la incorporación de dos artículos. El objetivo es establecer un marco legal específico para el uso de armas no letales y definirlas como aquellas diseñadas para producir efectos temporales en el organismo humano sin causar lesiones permanentes. El proyecto amplía así el alcance de la regulación para incluir dispositivos electrónicos y otras tecnologías.
La iniciativa es impulsada por Carlos Puglelli, legislador de Unión por la Patria y referente del Frente Renovador, quien preside esa comisión. El despacho recibió el respaldo de los diputados de La Libertad Avanza -entre ellos la marplatense Sofía Pomponio-, de Unión y Libertad, PRO, Nuevos Aires, Derecha Popular. En tanto, también lo respansaron dos miembros de Unión por la Patria: el massista Roberto Vázquez y Leonardo Moreno, quien responde al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. La nota la dieron las ausencias de Juan Ariel Archanco, referente de La Cámpora, y Ana Luz Balor, identificada con el sector del gobernador Axel Kicillof, exponiendo diferencias con la iniciativa.
Entre los fundamentos, Puglelli sostiene que estas herramientas permitirían cubrir la distancia que existe entre la persuasión verbal o el control físico y el uso de armas de fuego. Según el texto, hay situaciones en las que los efectivos deben intervenir ante personas que representan un riesgo para terceros o para el propio personal policial, y en las que contar con medios de incapacitación temporal podría reducir la necesidad de recurrir a la fuerza potencialmente letal.
Tras la aprobación, la cuenta oficial del massismo bonaerense celebró la decisión. "El proyecto se enmarca en una propuesta histórica del Frente Renovador y contempla capacitación específica y obligatoria, protocolos y primeros auxilios. Además, fija principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, limitando el uso de estos dispositivos a situaciones de peligro inminente cuando los medios no violentos resulten insuficientes", remarcó.
El proyecto también plantea que no todos los dispositivos tienen las mismas características. Sus fundamentos distinguen entre las armas de contacto directo, cuyo efecto principal es provocar dolor, y los dispositivos conductores de energía por proyectil, diseñados para generar una incapacitación neuromuscular temporal a distancia, como las pistolas Taser. La iniciativa sostiene que esa diferencia debe contemplarse al momento de regular su utilización y evaluar los riesgos asociados.
Otro de los ejes centrales es la capacitación del personal. El texto establece que las armas no letales podrán ser utilizadas únicamente por efectivos policiales en actividad que hayan aprobado instancias de formación técnica y evaluaciones psicofísicas, además de los requisitos que determine la autoridad de aplicación. Los fundamentos también destacan la necesidad de contar con protocolos, mecanismos de registro y controles posteriores para supervisar cada intervención.
La propuesta se apoya, además, en los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza. Según los fundamentos, estos criterios buscan garantizar que las fuerzas de seguridad utilicen medios adecuados a cada situación y que la incorporación de nuevas herramientas no implique una ampliación sin límites de las facultades coercitivas del Estado. El texto también señala que la regulación debe contemplar los riesgos de estos dispositivos y respetar los estándares de derechos humanos.
Con el despacho favorable de la Comisión de Seguridad, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. La próxima instancia será en la Comisión de Legislación General.
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