Nueva denuncia contra las harineras del Puerto: piden indagatorias por presunta contaminación con cadmio

El conflicto por las harineras de pescado del Puerto de Mar del Plata sumó este jueves un nuevo capítulo. La querella que impulsa una investigación por presunta contaminación ambiental amplió la denuncia y pidió que se profundice la investigación sobre las plantas de Coomarpes Ltda. y Agustiner S.A.

La presentación fue realizada por Roberto Maturana, con el patrocinio de la abogada María Carpineto, ante el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata. Uno de los principales elementos incorporados es un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, elaborado en 2021 a pedido del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El estudio analizó 1.082 muestras tomadas entre 2015 y 2020 y evaluó el riesgo asociado a la presencia de cadmio en harinas de pescado argentinas. Según sostiene la querella a partir de ese informe, las muestras correspondientes a las plantas de Mar del Plata presentaron concentraciones de cadmio superiores al límite de referencia de 2 miligramos por kilo durante distintos momentos del período analizado.

El escrito destaca, entre otros datos, que en febrero la concentración promedio habría alcanzado 9,06 mg/kg, con un máximo de 13,04 mg/kg.

La presentación también compara esos resultados con los obtenidos en una planta ubicada en la Patagonia, donde —según el documento citado— los valores se ubicaron por debajo de los 2 mg/kg.

A partir de esos resultados, la querella plantea que el cadmio presente en determinadas materias primas utilizadas por las plantas marplatenses podría concentrarse durante el proceso industrial y terminar en efluentes, barros y otros residuos.

Ese punto es utilizado como fundamento para ampliar la denuncia por la presunta utilización y disposición de residuos peligrosos, bajo la categoría Y26 de la Ley 24.051, correspondiente al cadmio y sus compuestos.

También cuestionan a los organismos de control

La presentación no apunta únicamente contra las empresas. También pide investigar el accionar de funcionarios de SENASA, INTI, la Autoridad del Agua (ADA), OSSE y el Ministerio de Ambiente bonaerense.

En el caso de SENASA, la querella cuestiona que el organismo haya solicitado el estudio del CONICET sobre los niveles de cadmio y sostiene que, en lugar de intervenir sobre las fuentes del problema, se habría buscado elevar el límite permitido para las harinas destinadas a determinados mercados.

Respecto del INTI, el escrito cuestiona distintas actuaciones técnicas realizadas en las plantas y sostiene que no se habrían incorporado a la investigación judicial determinados datos sobre los efluentes, residuos y parámetros de vuelco.

También apunta contra la Autoridad del Agua por actuaciones y permisos vinculados con las plantas. Entre otros elementos, menciona un acta de 2024 en la que, según la denuncia, se habría detectado un caño interno conectado con el cordón cuneta.

En cuanto a OSSE, la presentación cuestiona los controles sobre los efluentes que ingresan al sistema cloacal y pone bajo análisis los recargos aplicados a las industrias cuando superan determinados parámetros.

La querella también cuestiona informes elaborados por el Ministerio de Ambiente bonaerense y sostiene que el organismo habría constatado emisiones y deficiencias en los sistemas destinados al tratamiento de gases. Todas estas acusaciones forman parte de la hipótesis planteada por la parte y deberán ser evaluadas dentro de la investigación judicial.

La ampliación de la denuncia se conoce mientras continúa el reclamo por los olores que generan las plantas harineras y que desde hace años afectan especialmente al Puerto y zonas cercanas. En paralelo, se presentaron iniciativas ante la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, entre ellas un pedido de informes y una propuesta para implementar un sistema de monitoreo público de olores.

La querella pidió que se convoque a declaración indagatoria a responsables de las empresas y a funcionarios de los organismos mencionados. También solicitó el secuestro y remisión de distintos expedientes administrativos y medidas cautelares para obligar a las plantas a realizar obras de adecuación ambiental.