Le vendió la Amarok, cobró, dijo que iba al Registro y desapareció: lo condenaron

Materialidad acreditada por las transferencias de dinero, testimonios de las víctimas y otras pruebas documentales. Esos fueron los principales motivos por los que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la sentencia en febrero de 2025 condenó a un hombre que vendió una camioneta, se retiró con la excusa de hacer un trámite y nunca se la entregó al comprador.

En febrero del año pasado el Juzgado Correccional N°1 condenó a S.E. a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser penalmente responsable del delito de estafa y dispuso como reglas de conducta fijar residencia y someterse al contralor del Patronato de Liberados. La decisión hizo lugar al pedido que hizo el fiscal Javier Pizzo tras la prueba producida en el debate.

En la sentencia se dio por probado que el 22 de julio de 2019, en horas de la mañana, el condenado contó la colaboración de una pareja simuló las condiciones para vender una camioneta VW Amarok de color gris a C.R.B. Por tal motivo se reunieron con el comprador en una vivienda en la avenida Polonia entre Juan B. Justo y Solís donde el damnificado entregó más de seis mil dólares y una cantidad no determinada de pesos.

Con la excusa de trasladarse hasta el Registro de la Propiedad Automotor para realizar los trámites de transferencia, los imputados se retiraron del lugar a bordo del vehículo motivo de la transacción sin regresar, lo que generó el perjuicio económico a la víctima que se vio imposibilitado de disponer rodado adquirido.

Ante la apelación que presentó al defensa a cargo del abogado penalista Carlos Mira, los miembros de la Sala I indicaron que a partir del análisis realizado podían tener por acreditada la materialidad y la coautoria penalmente responsable del delito de estafa que fuera oportunamente sostenido por el representante el Ministerio Publico Fiscal.

Los Jueces señalaron que las declaraciones de los testigos resultan ser verosímiles y coherentes, a lo largo de un proceso penal que se ha extendido en el tiempo, iniciado en el año 2019 y con sentencia de primera instancia en el 2025. Es decir que se ha sostenido de manera persistente e incólume durante cuatro años.

“La credibilidad de los mismos no ha sido eficientemente cuestionada durante el debate ni se verifican móviles espurios que pudiesen disminuir la verosimilitud y concordancia de sus testimonios”, sostuvieron Gastón de Marco y Leandro Favaro.

Los magistrados confirmaron la sentencia dictada más el pago de costas procesales, ratificaron las reglas de conducta durante el término de la condena y advirtieron que en caso de incumplimiento se revocará la condicionalidad de la condena.