Avanza la causa por la estafa millonaria en el hotel de Camioneros: "Habría una usina de facturas apócrifas"
La Justicia de Garantías rechazó el pedido de nulidad del gerente acusado y la pericia que determina el daño quedó firme.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La investigación judicial por la presunta estafa de millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre del Sindicato de Camioneros en Mar del Plata dio un paso clave esta semana. La jueza de Garantías Lucrecia Bustos rechazó el planteo de nulidad de la pericia contable - el elemento central para determinar el daño patrimonial - que había presentado la defensa del gerente imputado y la causa quedó a un paso de ser elevada a juicio oral.
El expediente está radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna. La denuncia fue presentada en agosto de 2025, cuando el propio gremio detectó las irregularidades en el establecimiento de 12 pisos ubicado en Santa Fe 2373.
Javier Moral, abogado representante del gremio, explicó en diálogo con 0223 que todo comenzó cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) se presentó en las instalaciones del sindicato para reclamar respuesta a requerimientos anteriores sobre la trazabilidad de productos y servicios que algunos imputados le proveían supuestamente al gremio. Al iniciar una investigación interna, se detectó algo alarmante: según la propia Arca, el 47% de las facturas emitidas por uno de los imputados son apócrifas. "Lo cierto es que habría una sistematización de la emisión de facturas que son apócrifas, tal es así que el 100% de los proveedores investigados en la causa han sido ingresados como la base Apoc, la base de facturas apócrifas", resaltó.
"Habría una usina de facturas apócrifas producida por estos imputados que eludían los controles de Arca y de las áreas correspondientes del sindicato", explicó Moral. La maniobra habría comenzado en 2023, cuando una nueva gerencia reemplazó a la anterior, y se extendió hasta agosto de 2025.
Además de desafectar al personal sindicado, desde el inicio de la causa el sindicato solicitó allanamientos, secuestro de celulares, notebooks y documentación, e intervención de llamadas telefónicas. Hasta ahora, la justicia solo otorgó la prohibición de salida del país de los imputados y la medida cautelar sobre los cheques. "Entendemos que en el transcurso del tiempo bien podrían haber destruido alguna prueba", advirtió Moral, quien no descarta que parte de la evidencia ya no esté disponible.
El abogado confió que "las autoridades máximas no tenían ningún conocimiento ni vinculación con esto". "Por eso la obligación fue denunciar de inmediato e ir hasta las últimas consecuencias, independientemente de quién tuviera responsabilidad", aclaró.
$13 mil millones en cheques
La maniobra tenía varias formas pero una en particular resultó especialmente compleja de frenar: la emisión de cheques entregados a terceros. "Se entregaban cheques a 180 días y esos cheques en manos de terceros luego se pretendían cobrar", explicó el abogado. Al tratarse de títulos ejecutivos, un cheque con firma puede generar un embargo en sede civil independientemente de que sea parte de una estafa.
El sindicato logró una medida cautelar para bloquear el cobro de 13.000 millones de pesos en cheques identificados, pero Moral advirtió que podrían existir chequeras adicionales que no fueron detectadas y que siguen generando obligaciones para el gremio.
Inminente elevación a juicio
Moral reveló que la defensa del gerente imputado solicitó la nulidad de los puntos de pericia contable, argumentando que afectaban su derecho de defensa y que la metodología era "tendenciosa". Tanto el sindicato como la fiscalía se opusieron. Finalmente, este miércoles la jueza de garantías Lucrecia Bustos rechazó la nulidad, dejando firme la pericia.
"Con ese elemento probatorio los imputados serán llamados a responder por los hechos y entiendo que luego de eso, sin lugar a dudas, pasarían al próximo estadio procesal que es el juicio oral y público", señaló Moral.
Los números son elocuentes. Si en 2022 el hotel gastó 138 millones de pesos, en 2023 ese gasto saltó a más de 1.220 millones. Ajustado por inflación, esa diferencia es la que la pericia contable busca cuantificar como daño patrimonial concreto.
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