Pidieron que el juicio a los policías acusados de matar a un recuperador sea con un jurado popular

Tras la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías revocar el sobreseimiento del efectivo Jonathan Franco y ratificar la elevación a juicio junto al oficial Cristian Andrade por el asesinato del recuperador Emanuel Márquez en agosto de 2024 en el predio de disposición final de residuos, las defensas de ambos imputados comunicaron su deseo de que el debate se haga a través de un juicio por jurado.

Ocho meses después de la decisión del Juzgado de Garantías N°1 de dictar el sobreseimiento de Franco, la Sala III revocó la misma y dispuso que sea juzgado junto al oficial Andrade quien, según la investigación preliminar fue el autor del disparo mortal. La resolución se dio tras el plante de la Comisión Provincial por la Memoria para quien ese efectivo también disparó contra la víctima.

Los jueces Pablo Poggetto y Alfredo Deleonardis consideraron que las circunstancias del hecho y la responsabilidad de ambos imputados deberán ser esclarecidas en el juicio, donde se evaluarán las pruebas y testimonios en un marco de contradicción y oralidad.

A partir de esa situación, el viernes pasado los abogados Martín Bernat y Karin Jaime participaron de la audiencia en la que solicitaron que Franco sea juzgado por un juicio por jurado, misma medida solicitada con anterioridad por la defensa de Andrade.

Con relación a la decisión de revocar el sobreseimiento de Franco, el abogado sostuvo que la inocencia estaba conforme el fiscal, el fiscal general, el Juez de Garantías y la propia familia de Márquez. “Una vez más, el poder judicial le da crédito a lo que pide la Comisión Provincial de la Memoria con una actitud irrazonable”, sostuvo.

“La CPM siempre muestra una actitud procesal y un criterio arbitrario con falta de objetividad en perjuicio de funcionarios policiales. La resolución desecha a los propios acusadores estatales como el Ministerio Público Fiscal que tiene objetividad”, agregó.

La investigación fiscal

Según la investigación que encabezó el entonces fiscal Alejandro Pelegrinelli, ya jubilado, por motivos aún desconocidos, se produjo una confrontación entre los recicladores Jonathan Polo y Emanuel Márquez. En ese contexto y en el afán de interceder, el oficial subayudante Andrade mantuvo una disputa con un grupo de personas que tenían en su poder piedras y palos.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el funcionario policial tomó una escopeta Mosseberg 1720 con la que efectuó al menos un disparo que impactó en el cráneo de Márquez, provocándole una lesión de masa encefálica que provocó la dislaceración cerebral y muerte durante el trayecto al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

A partir del valor de las evidencias probatorias entre las que destacó el resultado de la autopsia, los informes de pericia balística, las declaraciones de testigos, las imágenes obtenidas por el DVR del lugar y el informe que hizo el Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Investigación (CATI), se afirmó que el disparo que ocasionó la muerte de Márquez no fue efectuado por Franco y correspondía el cierre definitivo e irrevocable del proceso en su contra.

Sin embargo, la Sala III sostuvo que Franco debe ser juzgado en orden al delito de homicidio agravado por empleo de arma de fuego y por su condición de miembro de fuerzas de seguridad en grado de tentativa.