Quieren juzgar al policía que mató a un recuperador de un balazo en el predio de residuos

En cumplimiento de los tiempos procesales y antes de los ocho meses de investigación, el Ministerio Público Fiscal pidió a la Justicia elevar a juicio la causa que investiga el asesinato del recuperador Emanuel Márquez en el predio de disposición final de residuos en agosto del año pasado. En el pedido se confirma la imputación a Cristian Andrade por el delito de Homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de integrante de la fuerza de seguridad y se pide el sobreseimiento del efectivo Jonatan Franco.

La solicitud de 76 páginas que se presentó en las últimas horas cierra la investigación que llevó adelante el fiscal Alejandro Pelegrinelli como titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 y que también fue firmada por los fiscales Leandro Favaro y Paulo Cubas que colaboraron en la misma. La elevación será trasladada a la Defensa de Andrade que deberá definir si elige la integración del Tribunal con jurados o prefiere un jurado técnico. 

Para los investigadores, la tarde del 16 de agosto en el predio de disposición final de residuos de este ciudad y por motivos que se desconocen, se produjo una confrontación entre dos recicladores: Jonathan Alberto Polo y Emanuel Márquez. 

Fue en esas circunstancias, que el oficial Sub ayudante Cristian Matías Andrade "en el afán de interceder para controlar la situación entre las personas arriba mencionadas en la medida que la misma crecía en intensidad, a la par que un grupo indeterminado de personas que superaba ampliamente en número a los efectivos policiales se acercaba al punto en que esto ocurría, comenzó a mantener con estos una disputa con objetos tales como piedras y palos".

"En ese contexto, el funcionario policial mencionado tomó un arma de fuego del tipo escopeta, marca Mossberg 1720 serie nro. T639340, que la Comisaria Quinta de esta ciudad provee para ser utilizada por los funcionarios policiales que prestan servicio en el predio, con la que efectuó al menos un disparo que impactó en la región anterolateral izquierda del cráneo (frontal), hasta la localización en la base de cráneo y el hemisferio cerebral izquierdo, con trayectoria de adelante hacia atrás, izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, lesionando durante su trayectoria huesos de la calota craneana y provocando lesión de masa encefálica, herida que provocó la dislaceración cerebral y muerte de Emanuel Marquez, ocurrida en el trayecto en que era trasladado al HIGA para su atención...", sostuvieron los fiscales.

Violencia institucional y la posición de garante

El eje central de la investigación, cuyas medidas estuvieron a cargo del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI) por estar imputados efectivos policiales es establecer si hubo violencia institucional por intervención de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Para los fiscales la mentada posición de garante del/os agentes funcionarios policiales y su consiguiente responsabilidad emergente, deviene necesaria “ser finalmente dilucidada en un ámbito propicio para ello, que no es ésta investigación penal preparatoria sino el contradictorio oral con todas sus virtudes”.

En el pedido de elevación a juicio al que tuvo acceso 0223, consideraron las especiales circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos, la existencia de un conflicto entre dos de los recicladores - Polo y Márquez-, que más tarde habría de reconducirse hacia uno nuevo entre éste último, otros sujetos que lo acompañaban y el personal policial presente en el lugar.

“Que tal como también fácilmente puede verificarse, se evidencia en los registros fílmicos una notoria desproporción numérica entre aquéllos que de una manera u otra participaron de los acontecimientos y el personal policial allí asignado, esto último con las observaciones ya efectuadas respecto los contratados, listado de los asignados por la Comisaría de la jurisdicción, etc.”, señalaron.

En el mismo sentido tampoco le quedaron dudas en torno de la sustracción de armas reglamentarias por parte de quienes formaban parte del grupo de recicladores – dos pistolas calibre nueve milímetros reglamentarias-, así como del intento de arrebato de la escopeta reglamentaria que portaban los funcionarios. 

“Tampoco quedan dudas, porque así surge de las diferentes testimoniales recabadas, de la detentación por parte de todo el grupo de recicladores de elementos de diferentes tenor - punzo/ cortantes-, por y para su utilización en el desguace y apertura de las bolsas de basura; Léase, un número significativo de personas virtualmente armadas”, agregaron.

En el expediente también figuran declaraciones testimoniales que dan cuenta de estado de embriaguez y/o alteración de parte del grupo de recicladores - incluida la propia víctima-, por consumo abusivo de alcohol o drogas y “que no se ha podido determinar el origen de la/las agresiones, aunque lo cierto es que más allá de la lamentable muerte de Emanuel Márquez por la que este Ministerio Público Fiscal ha formulado imputación, también han resultado víctima de lesiones la totalidad de los funcionarios policiales”, aseguraron.

En sintonía con la decisión tomada cuando establecieron que Márquez era el efectivo que detentaba el arma larga con la que se efectuó el disparo mortal, los investigadores pidieron el sobreseimiento del coimputado Jonatan Franco respecto del delito de homicidio agravado.