Juzgarán al policía que mató a un recuperador de un balazo en el predio de residuos

La Justicia de Garantías no hizo lugar a la oposición que planteó la defensa oficial de Cristian Andrade y dispuso que el policía acusado de matar a un recuperador de un balazo en agosto del año pasado en el predio de residuos sea juzgado en orden al delito de homicidio agravado por empleo de arma de fuego y por su condición de miembro de fuerzas de seguridad. Por el mismo delito confirmó el sobreseimiento del efectivo Jonathan Franco como habían solicitado oportunamente tres fiscales.

La resolución que en las últimas horas tomó el Juez de Garantías Daniel De Marco también declaró la nulidad de requisitoria de citación a juicio efectuada por la Comisión Provincial de la Memoria respecto de Franco. Sin embargo, ese efectivo policial está investigado por el delito de lesiones como habían solicitado los abogados Marcos Bouzas y Joaquín Raña que actúan como representantes del particular damnificado, aunque por el momento no fue imputado.

En la resolución de 75 páginas a la que tuvo acceso 0223, el magistrado hizo un relato inicial de los hechos ocurridos la tarde del 16 de agosto de 2024 cuando por motivos aún desconocidos, se produjo una confrontación entre los recicladores Jonathan Polo y Emanuel Márquez. En ese contexto y en el afán de interceder, el oficial subayudante Andrade mantuvo una disputa con un grupo de personas que tenían en su poder piedras y palos.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el funcionario policial tomó una escopeta Mosseberg 1720 con la que efectuó al menos un disparo que impactó en el cráneo de Márquez, provocándole una lesión de masa encefálica que provocó la dislaceración cerebral y muerte durante el trayecto al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

A partir del valor de las evidencias probatorias entre las que destacó el resultado de la autopsia, los informes de pericia balística, las declaraciones de testigos, las imágenes obtenidas por el DVR del lugar y el informe que hizo el Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Investigación (CATI), el Juez afirmó que el disparo que ocasionó la muerte de Márquez no fue efectuado por Franco y correspondía el cierre definitivo e irrevocable del proceso en su contra.

La resolución del Juzgado de Garantías estuvo en sintonía con el pedido que en abril de este año hizo el fiscal Alejandro Pelegrinelli como titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 y que también fue firmada por los fiscales Leandro Favaro y Paulo Cubas que colaboraron en la misma.

Violencia institucional y la posición de garante

El eje central de la investigación, cuyas medidas estuvieron a cargo del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI) por estar imputados efectivos policiales fue establecer si hubo violencia institucional por intervención de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Para los fiscales la mentada posición de garante del/os agentes funcionarios policiales y su consiguiente responsabilidad emergente, deviene necesaria “ser finalmente dilucidada en un ámbito propicio para ello, que no es ésta investigación penal preparatoria sino el contradictorio oral con todas sus virtudes”.

En el pedido de elevación a juicio habían considerado las especiales circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos, la existencia de un conflicto entre dos de los recicladores, que más tarde habría de reconducirse hacia uno nuevo entre éste último, otros sujetos que lo acompañaban y el personal policial presente en el lugar.

 “Que tal como también fácilmente puede verificarse, se evidencia en los registros fílmicos una notoria desproporción numérica entre aquéllos que de una manera u otra participaron de los acontecimientos y el personal policial allí asignado, esto último con las observaciones ya efectuadas respecto los contratados, listado de los asignados por la Comisaría de la jurisdicción, etc.”, señalaron.

En el mismo sentido tampoco le quedaron dudas en torno de la sustracción de armas reglamentarias por parte de quienes formaban parte del grupo de recicladores – dos pistolas calibre nueve milímetros reglamentarias-, así como del intento de arrebato de la escopeta reglamentaria que portaban los funcionarios.

 “Tampoco quedan dudas, porque así surge de las diferentes testimoniales recabadas, de la detentación por parte de todo el grupo de recicladores de elementos de diferentes tenor - punzo/ cortantes-, por y para su utilización en el desguace y apertura de las bolsas de basura; Léase, un número significativo de personas virtualmente armadas”, agregaron.

En el expediente también figuran declaraciones testimoniales que dan cuenta de estado de embriaguez y/o alteración de parte del grupo de recicladores - incluida la propia víctima-, por consumo abusivo de alcohol o drogas y “que no se ha podido determinar el origen de la/las agresiones, aunque lo cierto es que más allá de la lamentable muerte de Emanuel Márquez por la que este Ministerio Público Fiscal ha formulado imputación, también han resultado víctima de lesiones la totalidad de los funcionarios policiales”, aseguraron.