Reiteran el pedido excarcelar a la dueña del geriátrico acusada de abandono de persona

La defensa de la mujer de 57 años que está detenida en la Unidad Penal N°50 de Batán acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a adultos mayores a su cargo y también es investigada por haber obtenido un lucro indebido con préstamos que hacía sacar a pacientes a su nombre apeló la decisión de la Justicia de Garantías de rechazar la excarcelación ordinaria.

La defensa de Mónica Rodríguez, a cargo del abogado Simón García Méndez presentó el recurso de apelación al rechazo que la semana pasada dictaminó el Juzgado de Garantías N°1 tras entender que el dictado de una prisión resultaría exagerado en relación a los peligros procesales que pretende neutralizar y que hay una clara desproporción en este sentido.

“Entendemos que existen herramientas mucho menos gravosas que permiten neutralizar el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento probatorio. Eso ya está planteado en el expediente y estamos esperando se resuelva”, le dijo el profesional a 0223.

Según García Méndez no están cuestionando que se plantee la existencia de riesgo de fuga, pero cuestionan la herramienta gravosa adoptada para neutralizarla. “El sistema penal plantea, para neutralizarlo, alternativas menos mucho menos gravosas que la prisión preventiva”, agregó.

Hace casi dos semanas personal de la DDI detuvo a Mónica Rodríguez en el marco de una causa a cargo del fiscal Carlos Russo: esa investigación comenzó a fines de diciembre de 2025, cuando una denunciante radicó una denuncia contra el hogar ubicado en Vieytes al 3400, donde once adultos mayores vivían en condiciones deplorables.

Según la reconstrucción policial, una de las ancianas - con hematomas en su cuerpo - manifestó que la propietaria la había golpeado y otro residente, atemorizado, intentaba esconderse dentro de un mueble. La denuncia también reveló que la acusada suministraba antibióticos, clonazepam y rivotril a los residentes para mantenerlos sedados. 

El 2 de enero el lugar fue clausurado tras hallar nueve ancianos de entre 69 y 89 años, algunos con lesiones en el cuerpo: los residentes fueron entregados a sus familiares y quienes no tenían familiares responsables fueron derivados a dispositivos sanitarios y municipales.

La otra causa

Rodríguez fue detenida a fines de junio y cuando fue trasladada a Tribunales se negó a declarar. Pocos días después fue imputada de un nuevo delito en el marco de una causa por hechos cometidos en 2019 cuando estaba a cargo de otro geriátrico en Malvinas al 1100.

Según la investigación en trámite ante la fiscalía de Delitos Económicos, Rodríguez y el apoderado de una de las pacientes hicieron un plan previo para llevar a esa mujer –sin familiares en la ciudad y en un contexto de vulnerabilidad emocional y de salud- a una sede del Banco de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto hicieron que la mujer gestionara al menos dos préstamos personales pagaderos en 72 cuotas que fueron usufructuados por ellos. “Perjudicaron patrimonialmente en los montos, en la deuda generada y costos financieros”, argumentó la fiscalía en el llamado a declaración.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, una empleada que trabajaba en el geriátrico ayudó a la víctima e hizo la denuncia a través de la Defensoría del Pueblo. De esa manera pudieron dar de baja al apoderado y que pudiera volver a cobrar su jubilación. Rodríguez quedó imputada por defraudación por administración fraudulenta que tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión. En esta causa también se negó a dar su versión de los hechos.