Nación congeló el subsidio de la Tarifa Social y abre un interrogante sobre el boleto en Mar del Plata

Una medida del Ministerio de Economía de la Nación pone en jaque el futuro de la Tarifa Social, mediante la cual los usuarios del transporte público acceden a un descuento del 55% en el valor del boleto. A través de una resolución, el gobierno nacional congeló el monto que compensa por ese beneficio y que transfiere a las empresas concesionarias del servicio.

La decisión se conoció mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, que establece un nuevo mecanismo para el atributo social previsto en la normativa vigente. A través de ese sistema, el Estado nacional financia el 55% del valor del pasaje para titulares de prestaciones de Anses -entre ellos jubilados y pensionados-, monotributistas sociales, beneficiarios de la prestación por desempleo, excombatientes de Malvinas y otros programas nacionales.

Según la resolución, la compensación ya no se calculará sobre el 55% de la tarifa que establezca cada jurisdicción, sino sobre el 55% de las ahora denominadas "tarifas de referencia", que corresponden a los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio de 2026.

"La presente medida no altera las facultades de las provincias, Caba ni de los municipios para establecer los cuadros tarifarios, sino que determina exclusivamente el parámetro que utilizará el Estado nacional para el reconocimiento del atributo social", señala la resolución.

En ese marco, agrega que "las jurisdicciones conservarán la facultad de mantener o establecer beneficios de gratuidad o franquicias superiores a las previstas en el régimen nacional, pudiendo instrumentarlas mediante Sube, conforme la normativa que dicten en ejercicio de sus competencias y el esquema de financiamiento que determinen".

En otras palabras, la resolución traslada a las provincias y municipios la responsabilidad de definir cómo se compensará a las empresas por el diferencial que pueda surgir ante futuros aumentos del boleto.

"Mayor previsibilidad", el argumento del gobierno

En los considerandos de la resolución, el gobierno sostuvo que el objetivo es "implementar mecanismos que permitan dotar de mayor previsibilidad al reconocimiento del atributo social previsto en la normativa vigente, en atención a los reiterados incrementos tarifarios registrados en diversas jurisdicciones respecto de las cuales esta Secretaría no reviste el carácter de autoridad de aplicación".

Asimismo, señaló que "las actualizaciones tarifarias registradas en las distintas jurisdicciones alcanzadas por el sistema Sube presentan una dinámica frecuente y heterogénea, en tanto responden a decisiones adoptadas por las respectivas autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones".

Según el Ejecutivo, esa situación "dificulta la previsión de los recursos destinados al financiamiento del beneficio y genera variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social que no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional competente para su administración".

¿Qué pasará en Mar del Plata?

La medida del gobierno de Javier Milei impacta de lleno en General Pueyrredon, al igual que en el resto de las jurisdicciones que administran servicios de transporte público de pasajeros.

Actualmente, el boleto plano cuesta $1.922. De ese valor, los beneficiarios de la Tarifa Social pagan $864,90, mientras que los restantes $1.057,10 son compensados por el Estado nacional a las empresas concesionarias.

En caso de futuros aumentos, el Estado nacional ya no financiará el 55% del nuevo valor del boleto, sino que mantendrá congelado el monto correspondiente a la tarifa de referencia vigente al 30 de junio, tal como establece la Resolución 40/2026.

La norma deja en manos de la Municipalidad la decisión sobre cómo cubrir la diferencia que eventualmente se genere entre ese aporte nacional y el nuevo valor de la Tarifa Social. En principio, las alternativas son tres: que el costo adicional recaiga sobre los usuarios beneficiarios, que sea absorbido por el Municipio mediante un subsidio propio o que quede a cargo de las empresas concesionarias.