Compró una camioneta 0km, estuvo 3 meses en el taller y recibirá una indemnización millonaria

La Justicia civil de Mar del Plata dictó una condena solidaria contra un fabricante y dos concesionarias tras la compra de una camioneta 0 km que permaneció 91 días parada en talleres oficiales.

Las tres empresas deberán abonar una indemnización total que roza los 60 millones de pesos a los compradores que sufrieron reiteradas fallas mecánicas en el vehículo. El fallo judicial sienta un precedente histórico en favor de los derechos del consumidor al castigar severamente las deficiencias en la gestión del servicio de posventa.

Cuáles fueron los fallos mecánicos del fabricante y las concesionarias

La contienda judicial se originó tras la adquisición de una unidad 4x4 cero kilómetro como vehículo familiar y herramienta de trabajo en una concesionaria oficial marplatense. A los pocos meses de su entrega, el automóvil comenzó a registrar averías complejas en el sistema de inyección y alimentación de combustible.

Los propietarios denunciaron cuatro incidentes mecánicos graves en un período de tres años, incluyendo un peligroso apagado del motor en plena ruta nacional durante un viaje.

A lo largo del proceso judicial, los peritos comprobaron que la red de talleres aplicó parches sintomáticos sin diagnosticar la causa raíz de los desperfectos recurrentes. Además, las firmas involucradas negaron brindar un automóvil sustituto a los damnificados o aportar explicaciones técnicas sobre las demoras en las reparaciones. El juez interviniente remarcó que la garantía legal exige una solución integral y que el tiempo del consumidor forma parte del servicio prometido por las automotrices.

El monto indemnizatorio fijado por el juzgado contempla rubros por privación de uso, gastos de movilidad alternativa y un significativo resarcimiento por daño moral. Asimismo, la sentencia incluyó una multa civil cercana a los 39 millones de pesos en concepto de daño punitivo para sancionar la negligencia de las compañías.

La resolución judicial busca desincentivar prácticas abusivas en las cadenas comerciales y prevenir la vulneración de derechos en las coberturas de posventa.

El tribunal de la ciudad balnearia ordenó la publicación del fallo en medios locales y comunicó la medida a las dependencias oficiales de defensa del consumidor. Para poder apelar la resolución de primera instancia, las empresas condenadas deberán depositar previamente la suma de casi 80 millones de pesos sumando intereses. La histórica determinación trae alivio a la familia afectada y fortalece las exigencias normativas para el mercado automotor en el país.