“La discapacidad no puede ser considerada un gasto”: crece el reclamo de prestadores y transportistas

Prestadores, transportistas, trabajadores, familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad volvieron a manifestarse frente a las puertas de la Municipalidad para exigir la efectiva aplicación y prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla por un año más. Entre otras medidas, establece acciones vinculadas al financiamiento de prestaciones, actualización de aranceles y fortalecimiento de los mecanismos de protección para las personas con discapacidad y los prestadores.

Sin embargo, desde los distintos sectores sostienen que la emergencia continúa y que las medidas previstas no alcanzaron para garantizar el funcionamiento del sistema. Por eso, el reclamo apunta ahora a que el Congreso avance con la prórroga hasta diciembre de 2027.

Jesica Machado, presidenta de la Asociación Civil por la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis), advirtió sobre la situación que atraviesan quienes brindan servicios a personas con discapacidad.

“Quedamos totalmente desprotegidos. Nosotros estamos precarizados realmente”, sostuvo, y explicó que la Ley de Emergencia significaba al menos un marco jurídico para reclamar el cumplimiento de los honorarios profesionales.

Machado señaló además que existe preocupación debido a que “hay un fuerte rumor de que hoy no se va a dar quórum en el Congreso para tratar la prórroga, que no hay intención de tratarla, y esto afecta a un gran colectivo”, afirmó.

En ese sentido, reclamó que la discapacidad sea abordada como una cuestión de derechos y no exclusivamente desde la discusión presupuestaria. “Hay que mirarla de frente, no puede ser nunca considerada un gasto”, sostuvo.

El reclamo también alcanza a los transportistas que trasladan a personas con discapacidad hacia escuelas, centros de día, instituciones y espacios de rehabilitación.

Juan Goldar, representante del sector, aseguró que atraviesan una situación similar a la de los prestadores y reclamó que el Congreso trate la extensión de la emergencia.

“Necesitamos imperiosamente la prórroga en la Ley de Discapacidad. Es un paliativo que nos viene sosteniendo para que podamos seguir brindando este servicio, que es fundamental, es prioritario y las personas con discapacidad verdaderamente lo necesitan”, expresó.

Goldar indicó además que, al menos desde el sector que representa, no hubo diálogo directo con legisladores marplatenses, aunque mantienen contacto con autoridades y referentes a nivel provincial y nacional.

El temor por una posible desregulación

Uno de los puntos que mayor preocupación genera entre los prestadores es la posibilidad de que avance un nuevo proyecto vinculado al sistema de prestaciones.

Machado aseguró que representantes del sector mantuvieron recientemente una reunión con el superintendente de Servicios de Salud y que, en lugar de encontrar precisiones sobre la prórroga, recibieron referencias a un proyecto que modificaría el esquema vigente.

Según explicó, la iniciativa contempla una desregulación del nomenclador, lo que podría trasladar a cada familia la necesidad de negociar individualmente con su obra social las prestaciones y sus condiciones. “Esto pone en riesgo a todo un sistema que hace mucho tiempo funciona, con fallas, pero funciona”, cuestionó.

Y agregó: “Cada familia con discapacidad, cada persona con discapacidad, tendría que ir a pelear con su obra social para hacer un contrato personal y ver qué es lo que la obra social quiere aprobar. Esto es muy grave y nos pone a todos en alerta”.

“La discapacidad no es una carga social”

En la misma línea, Carlos Mattos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), cuestionó el discurso que presenta a las personas con discapacidad como una carga para el Estado y reclamó una mirada basada en derechos.

“Necesitamos que las personas entiendan que la gente con discapacidad, el colectivo, no vive en forma subsidiada. Nosotros también hacemos nuestros aportes con los impuestos directos e indirectos que estamos pagando”, sostuvo.

Mattos puso como ejemplo distintos servicios que también son abonados por las personas con discapacidad, independientemente de que puedan utilizarlos o no. “También estamos subsidiando el combustible que usa gente sin discapacidad; pagamos el alumbrado público, que por ejemplo en mi caso yo no lo uso, lo pago igual”, señaló.

El referente cuestionó así lo que considera un intento de instalar a la discapacidad exclusivamente como un costo para las cuentas públicas. “Digo para que se terminen con estas estupideces de lo que hace el gobierno para presentar a la discapacidad como una carga social, algo que nos hace acordar a la Alemania de los años 30”, afirmó.

Su planteo se suma al de prestadores y transportistas, que advierten que la falta de recursos y las dificultades para garantizar los pagos ponen en riesgo la continuidad de tratamientos y servicios esenciales. Desde el sector insisten en que la discusión no puede reducirse a una cuestión presupuestaria: detrás de cada prestación hay derechos, trabajadores, familias y personas que necesitan esos servicios para desarrollar su vida cotidiana.