Simulaban la compra de inmuebles, los ocupaban y luego los transferían

En las más de mil quinientas fojas y trece anexos documentales que tiene la causa a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos hay nombres que aparecen de manera repetida como protagonistas de distintas operaciones inmobiliarias. Para los investigadores, hay pruebas suficientes para demostrar que tres de los 23 imputados conformaban una asociación ilícita que lucraba simulando la compra y venta de inmuebles.

Según la hipótesis acusatoria sostenida por los fiscales Fernando Berlingieri, Roberto Javier Pizzo y Carlos David Bruna, durante 5 años la banda –encabezada por dos abogados- obtenía información sobre el estado de las cuentas de inmuebles que no tenían una ocupación permanente y cuyos titulares habían fallecido o residían en ciudades lejanas de Mar del Plata. A partir de allí tomaban posesión material de los mismos para luego transferirlas.

Si bien no está establecida aún la manera en que ocupaban los inmuebles, trascendió que posteriormente falseaban las firmas de los titulares registrales y les insertaban sellos impositivos falsos, ya sea a su nombre o el de terceras personas partícipes de la maniobra que sin formar parte de la organización prestaban sus datos personales.

De acuerdo a los datos revelados por la fiscalía, “los derechos y acciones que supuestamente emergían de esos falsos boletos eran transferidos a cómplices o terceros de buena fe -según los casos- mediante cesiones de derechos y acciones protocolizadas ante escribanos de la ciudad”.

“En ese momento se pactaba como parte de la operación comercial que el registro de los bienes a nombre de los adquirentes se efectuaría a través de demandas judiciales de escrituración por ante los Juzgados Civiles y Comerciales que debían ser patrocinadas por los abogados del grupo o bien por quienes estos designaren”, agregaron.

Los primeros hechos investigados ocurrieron durante 2012 y se conocieron luego de una denuncia formulada por un abogado. A partir de allí, desde la fiscalía se investigó el accionar de los procesados con la ayuda del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (Cati) y del el Gabinete de Delitos Económicos de la CDI.

Más allá de la principal imputación a las tres personas –cuyos datos filiatorios no trascendieron- hay un total de veintiún hechos imputados, incluyendo falsedad de documentos privados públicos y falsos, uso de documento público, estafa y estafa procesal .

Mientras se avanza en la evacuación de citas tras las declaraciones prestadas por los procesados, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos dictó la prohibición de salida del país respecto de aquellos imputados por asociación ilícita.