“Se tiene que detener la ola de privatizaciones de playas”

En medio de la polémica por los excesos de los concesionarios de balnearios, el juez Facundo Gómez Urso dictó una medida cautelar en la que ordena a 32 playas de Mar del Plata a que “garanticen el acceso irrestricto” al espacio público de esos balnearios.

Tras una presentación en la justicia de Jorge Nicolás Ardito, bajo el patrocinio del abogado Julio Hikkilo, quienes interpusieron una acción de amparo por la situación de las playas públicas, el magistrado resolvió hacer lugar a la medida cautelar, es decir, aún queda pendiente la resolución de fondo.

En declaraciones a 0223, Hikkilo explicó que “interpusimos  una acción de amparo ante la Justicia por  el grave abuso y violación a la ley  que están cometiendo los concesionarios de los balnearios en la ciudad y el inexistente control estatal tendiente a revertir esta situación”.  A continuación, destacó la resolución del Juez Urso. “Es una resolución con mucho sentido, la Justicia se hizo cargo de una problemática social que se da todos los veranos en Mar del Plata”, dijo

A su vez, el abogado denunció que “el accionar inescrupuloso  de los concesionarios de las playas públicas y la omisión estatal causan un grave daño al Partido de General Pueyrredon”. "Es lamentable que una vez otorgada la concesión del espacio público, haya nula presencia del Estado en los controles. Se genera así una zona liberada, donde los vecinos y turistas tienen que defender sus derechos en la más absoluta soledad, mediante las famosas 'sombrilleadas' u otro tipo de protesta, que no logran revertir la actitud de los abusadores. Quien elige la ciudad para descansar y disfrutar de las playas, no tiene porqué entrar en una grave situación de estrés y sufrir hostigamientos por pretender usar el espacio público".

En ese sentido, aseveró que “lamentablemente la ola privatizadora del espacio público  beneficia a un puñado de empresarios  privilegiados que acceden a la concesión, pero perjudica a vecinos y turistas que no pueden usar y gozar libremente del espacio público –playas- y conspira contra la generación de puestos de trabajo en sectores de la economía zonal como ser el textil, comercio, gastronómico etc. ya que por esta situación cada año se recibe menor cantidad de turistas”.

"Es paradójico observar cómo  grandes espacios de arena seca están vacías por falta de 'clientes' y gran cantidad de personas amontonadas o apiladas como sardina en el escaso lugar de playas que dejan los concesionarios al público. Es la ausencia o tolerancia del Estado, que facilita que el maltrato y hostigamiento a turistas y vecinos sea  moneda corriente. Por otra parte, es curioso observar como la falta de accesibilidad y la 'exclusividad', son usados por los balnearios como bandera o publicidad para atraer clientes. Se ve como premisa el precepto ‘a más exclusividad, menos accesibilidad’.Para garantizar la exclusividad es indispensable restringir el acceso del ciudadano común”, aseveró.

“Ante la ausencia del estado y en defensa del interés general, del derecho de los trabajadores  a poder contar  con un empleo digno, se interpuso el amparo para que la justicia ponga límite a este grave abuso. Se tiene que detener la ola de privatizaciones de playas”, concluyó el letrado.