Ataques neonazis: 8 procesados, 6 con prisión preventiva y un embargo de un $1.000.000 por cabeza

En las últimas horas, a partir de la hipótesis trazada por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, el juez federal Santiago Inchausti resolvió el procesamiento de los ocho imputados en la causa en la que se investigan los ataques neonazis perpetrados en la ciudad.

A Oleksander Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas y Giuliano Spagnolo se les dictó la prisión preventiva, mientras que Giordano Spagnolo y un joven menor de edad atravesarán el proceso penal por discriminación e imposición de ideología en libertad.

Según se explica en Fiscales, el magistrado también fijó una suma de un millón de pesos por cada procesado a fin de garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberles. De esta manera, se los intimará a dar dinero o bienes a embargo, y en caso de carecer de los mismos se decretará la inhibición general de bienes.

Además, Inchausti ordenó la intervención del Inadi, ya que en el material fílmico y fotográfico reservadoi se observa “sin perjuicio de la prueba que representa para estas actuaciones, la presencia de varias personas -algunas probablemente menores de edad- para su análisis y tratamiento frente al peligro de propagación de conductas futuras”.

A estos ocho jóvenes se los acusa de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia –que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas-, cuyas víctimas no son elegidas al azar, bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada a ello, cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la ley 23.592. Esto, además de la pertenencia a un grupo organizado de personas, que actúa en relación a personas o grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social. El delito se inscribe en el artículo 213 bis Código Penal.

La causa se inició a partir de una denuncia que da cuenta de una amenaza de muerte en la calle, en octubre de 2015. Tras las primeras medidas investigativas, se vislumbró la existencia de otros expedientes en trámite en la justicia provincial y federal que podrían abordar hechos similares. Esto derivó en un pedido de los fiscales de investigar de modo conjunto los distintos expedientes –que fue respaldado y elevado por el fiscal de Distrito Daniel Adler- y la siguiente resolución de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó que ordenó la conformación de una comisión de fiscales para tal fin, además de la colaboración de las unidades fiscales especializadas en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y en Ciber-delincuencia (UFECI).