Caso Gianelli: repudian “actos de presión” y el “juego de provocación” de los docentes

Los abogados de un grupo de padres de presuntas víctimas de Analía Schwartz cuestionaron la manifestación que se realizó el jueves. “Ni las marchas, ni las remeras alusivas contribuyen a que se conozca la verdad”, afirmaron.

Desde la semana próxima, la maestra Analía Schwartz será juzgada en Mar del Plata. Foto: archivo 0223. 

17 de Febrero de 2017 12:12

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de que maestros y amigos de la docente Analía Schwartz, que la semana próxima se sentará en el banquillo de los acusados en la causa que se le imputan 9 abusos sexuales y 6 hechos de corrupción de menores en el Colegio Gianelli, se manifiesten en la puerta del establecimiento y afirmen que toda la causa “es una mentira”, los representantes legales de familias de presuntas víctimas entendieron que esa acción es una “presión” hacia los jueces.

Los abogados César Sivo y Romina Merino, a través de un comunicado, señalaron que el jueves próximo comenzará el juicio contra la docente de música, por lo que, entendieron, “todo acto que esté por fuera de la producción probatoria y la alegación de las partes, se evidencia como una clara muestra de presión absolutamente indebida”.

“Los procesos penales deben dirimirse ante los estrados judiciales, a partir de la discusión de las partes procesales en condiciones de igualdad, respetuosa contradicción e inmediación ante jueces imparciales por lo que repudiamos el juego de provocación que están intentando generar buscando respuestas reactivas por parte de los padres denunciantes”, sostuvieron los letrados.

Sivo y Merino dijeron que ese tipo de situaciones “ponen en crisis la institucionalidad y en jaque a la administración de justicia”, debido a que “cualquiera sea el sentido de la decisión que se tome terminará generándose una sensación inadecuada en el tejido social”.

En ese contexto, dijo que si Schwartz es absuelta por la Justicia podría entenderse “válidamente” que el fallo se resolvió en función de “la intensidad de las presiones previas” lo que generaría un antecedente negativo ya que podría interpretarse que “a mayor presión más posibilidades de resolución judicial en el sentido pretendido”.

A su vez, indicaron que si la docente resulta condenada “dejaría la sensación de que la justicia no actuó debidamente y un amargo sentimiento de ‘injusticia’”,  debido al “vehemente machaque del discurso” que se escucha por estas horas.

“En cualquier caso, la actitud emprendida es francamente perjudicial y flaco favor le hace a la imagen del Poder Judicial y a todos sus operadores”, remarcaron los abogados.

Sivo y Merino indicaron que vienen “tomando nota de cada una de las situaciones irregulares advertidas y poniéndolas de manifiesto en el ámbito adecuado: el expediente”.

“No puede perderse de vista que un proceso penal es un drama humano que involucra dos partes, en donde hay una postulación acusatoria y una oposición defensista. Dos posiciones respetables que deben zanjarse de acuerdo a la entidad y aptitud de las pruebas esgrimidas. Ningún componente metaprocesal debe hacer perder el foco de que en este caso en particular -como en todos los trámites- no solo la Fiscalía y esta parte acusadora privada tomaron intervención sino que, además, una jueza de Garantías y, a instancias de la propia defensa, una Cámara de Apelaciones también, es decir, dos órganos jurisdiccionales imparciales y equidistantes en relación al conflicto, han controlado la legalidad del trámite y confirmado la entidad de las probanzas colectadas como para que merezca la sustanciación de este proceso llegar hasta su etapa cúlmine: el juzgamiento oral”, añadieron.

En la misma línea, remarcaron que “tampoco puede soslayarse” que el objeto del proceso es la presunta comisión del delito de abuso sexual que tiene por víctimas a niños de entre 3 y 5 años, una condición que exige “la protección integral de sus personas y derechos, en el más amplio sentido que pueda ser entendido”.

“Reprobamos por eso, la divulgación de datos sensibles como lo son los nombres de sus progenitores algo que, indirectamente, posibilita la identificación de los menores violentando las normas de raigambre constitucional que rigen con estrictez la materia”, explicaron.

Los abogados añadieron que no salen de “su asombro” que los propios maestros  exhiban “los ataques más hostiles y descarnados mostrando una suerte de -falsa- solidaridad con el género ‘docente’ como si la imputación penal se le hubiera direccionado a Schwartz en función de eso”.

“Si tanto preocupa que la verdad salga a la luz, pues entonces, que den espacio para que así sea. Ni las presiones, ni las marchas, ni las remeras alusivas son factores que puedan contribuir al propósito que profesan”, concluyeron.