Discapacidad: rechazan la obligatoriedad del monitoreo a las combis

Los cambios de gobierno suelen movilizar el interés y la esperanza de sectores que por distintas razones fueron perjudicados por distintas políticas de estado. Uno de ellos es el que da prestaciones con obras sociales del estado, que en los últimos años se vieron perjudicados por distintas decisiones del gobierno nacional y provincial.

Desde la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad mostraron su interés en que se pueda de a poco regularizar los pagos por las prestaciones de Ioma o Incluir Salud, que cuentan con atrasos de 6 a 12 meses aunque admiten que en los últimos 25 años, “ningún gobierno parece tenerlos en su agenda”.

“Los atrasos son variados y sucede que en una misma obra social a algún prestados puede estar atrasado un año y a otro estar solo a 3 meses. Sacando un promedio, estamos en más de 6 meses”, estimó en diálogo con 0223, Juan Goldart, representantes de los transportistas.

Haciendo un análisis de las últimas dos décadas, Gordart sostuvo que en estos últimos 4 años, “no fue el peor momento pero si donde se hubo muchos recortes en discapacidad”.

“Para las personas con discapacidad no nos olvidemos que tienen que existir un conjunto de prestaciones que tienen que encontrarse en armonía, como si fueran eslabones de una cadena y cuando se rompe alguno, está deja de funcionar. Ahí está el mayor problema. Esto tiene que funcionar en armonía para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad ya que ellos no eligieron tener la discapacidad. Es menester del Estado velar por sus necesidades y el transporte es una de ellas”, reflexionó.

En relación al pago de las prestaciones,  el representante de los transportistas de personas con discapacidad, cuestionó el "muy bajo arancel que tiene el nomenclador nacional que nos regula el valor del kilómetro, no está llegando en algunos casos a cubrir gastos mínimos de traslado. Si a todo eso le sumamos los atrasos, es evidente el gran problema que estamos teniendo en nuestra actividad: necesitamos un arancel actualizado con los grandes desfases y aumentos de por ejemplo los combustibles  que estamos teniendo. Se necesita una renovación automática con por ejemplo las paritarias, sino va a ser un tema de nunca acabar, razonó.

Las combis deberán estar geolocalizadas

Por otra parte, Gordart expresó el rechazo de los transportistas a la obligatoriedad que impone la obra social del estado, Incluir Salud, en el uso de una aplicación, que monitorea la posición de las combis así como su recorrido y que desde hace dos meses está como prueba para si después pasar a ser obligatoria a partir del 2020.

“Mediante una aplicación que tenemos que instalar en nuestro teléfono personal, el gobierno van a monitorear los traslados, de modo que cada transportista tiene que activar cuando el afiliado transportado sube y activar cuando llega al destino. Esto entre otra complicaciones genera que nosotros tenemos que hacernos cargo de tener un celular que soporte la aplicación y tener cargado el teléfono con datos. Si no se tiene señal o por algún motivo no diste la activación o por olvido, ese viaje para ellos no se realizó”, explicó Goldart.

“No podemos estar de acuerdo en este sistema porque no todos los transportistas tienen equipos nuevos. Tampoco estamos de acuerdo en que pretendan monitorizar y conocer la ubicación del teléfono particular y personal de cada uno. Hay que tener en cuenta que muchos tienen más de un vehículo y también tendrían que tener este sistema los choferes. Algo totalmente irrisorio: lo consideramos no sólo invasivo , sino que carece de todo aspecto para mejorar el servicio a las personas con discapacidad y menos mejorar los atrasos con los transportistas”, cerró.