Retiran inmunidad parlamentaria a Guaidó y podría ser detenido

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un "decreto constituyente" para quitarle la inmunidad parlamentaria del presidente interino designado por el Parlamento, Juan Guaidó, y exhorta a las autoridades a continuar procesos de investigación contra el diputado luego de que este lunes el Tribunal Supremo Justicia lo declarara en desacato.

Previamente el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, leyó la decisión emitida por el TSJ, donde se instruía al ente proceder con el despojo de la inmunidad, a pesar de que según la Carta Magna aprobada en 1999, aún en vigencia, establece que este proceso solo podrá llevarlo a cabo el poder Legislativo a través de un antejuicio de mérito. Cabe destacar que la ANC tiene una composición oficialista en un 100 por ciento. 

La discusión comenzó luego de que se aprobara la Ley Constitucional del Plan de la Patria, un nuevo instrumento político que el ente que le da rango constitucional a pesar de que no se ha redactado una nueva Carta Magna que debería ser sometida a votación popular para su aprobación.

La constituyentista María León abrió el debate expresando que le parecía muy poco el allanamiento de inmunidad al tildar al diputado de "traidor a la patria", por lo que sugirió hacer tribunales populares "para que el pueblo diga qué hacer".

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, Juan Guiadó aseguró que "si el régimen se atreve a secuestrarme y dar un golpe de Estado, vamos a actuar con contundencia. Al dictador solo le queda la fuerza bruta, a nosotros la fuerza de un pueblo decidido a lograr el cese de la usurpación". 

En esa línea, el diputado opositor manifestó que "Venezuela sabe en dónde están nuestras prioridades. En acabar con la crisis en el servicio eléctrico y de agua causada por la corrupción y la incapacidad del dictador, en llevarles comida y medicinas a los más necesitados, en reconstruir a nuestro país".

Finalmente, la Asamblea Constituyente sometió a votación un "decreto constituyente" para autorizar "formalmente la continuación del juicio" para que los órganos judiciales "se encarguen de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales" enmarcados en la Constitución.