Alberto Fernández y la delgada línea venezolana

"Es difícil hablar de dictadura cuando hay un gobierno elegido e instituciones que funcionan, después podemos discutir si bien o mal", fue la respuesta del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, ante la pregunta de porqué no califica al gobierno de Nicolás Maduro como dictadura. Segundos después, Fernández manifestó su preocupación por el informe de la Alta Comisionada ante las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y afirmó que en Venezuela "hay un gobierno autoritario". 

Cómo suele suceder cada vez que el tema Venezuela toca suelo en medios argentinos, recortes y tergiversaciones mediantes, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y simpatizantes de Juntos por el Cambio salieron al cruce para vincular al candidato más votado a un régimen político que goza de una reputación cada vez más baja. 

Pero al margen de las pasiones y el proselitismo, vale la pena debatir con responsabilidad  y en detalle que es lo que pasa en Venezuela en términos institucionales para analizar lo que pretende hacer Alberto Fernández si le toca asumir el gobierno el 10 de diciembre. 

El inicio del proceso venezolano iniciado en 1999 con la asunción de Hugo Chávez vino acompañado de una reforma institucional clave como la constitucional. Sobre esa base se pensó una dinámica de participación popular que la denominaron "democracia participativa". Aún con cancha inclinada (o lo que algunos politólogos denominaron autoritarismo competitivo) las disputas políticas se dirimieron en elecciones, incluso el chavismo revalidó su legitimidad en referéndum revocatorios, otros de los aspectos incorporados en la Constitución. 

Este rumbo tuvo un quiebre luego de las elecciones legislativas de diciembre de 2015 cuando la oposición derrotó al oficialismo por amplia diferencia y quedó con la mayoría en la Asamblea Nacional. Si bien los resultados fueron reconocidos por el gobierno de Nicolás Maduro, al momento de la asunción de las nuevas autoridades, el Consejo Nacional Electoral consideró que la elección de tres diputados del Estado de Amazonas fue fraudulenta y por eso, no debían asumir. 

 La oposición no aceptó la decisión y el Tribunal Supremo de Justicia declaró la AN en desacato. Desde entonces, el chavismo no reconoce al poder legislativo ni participa del mismo y la oposición desconoce las decisiones del resto de los poderes (Ejecutivo, Judicial, Consejo Nacional Electoral y Poder Ciudadano) por "estar coptados por el chavismo". 

Esta es la primera anomalía institucional de varias. En este contexto, el TSJ le quitó funciones al poder legislativo, decisión que duró algunos días y le costó el puesto y el exilio a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien calificó la decisión de cerrar el Parlamento como "una ruptura del orden constitucional". 

El segundo paso de la crisis institucional fue la convocatoria realizada por el oficialismo a una Asamblea Nacional Constituyente sin la participación opositora, que declinó la convocatoria.  Esto tuvo un fin táctico que fue efectivo como el convocar un proceso electoral en medio de la presión que desactivó violentas movilizaciones que terminaron con decenas de muertos.  El problema de la Constituyente no es solo su matriz corporativa y su composición 100 por ciento chavista sino que el motivo por la que se creó-la redacción de una nueva Constitución- no se cumplió, la consulta popular contemplada por la Carta Magna tampoco y sólo se impuso de facto como un suprapoder que legisla. 

El tercer capitulo de esta novela vino con la realización de elecciones regionales, municipales y presidenciales. Allí, la fragmentación opositora fue funcional al gobierno, ya que, algunos candidatos compitieron ( incluso ganaron y juraron en la misma Asamblea Constituyente) y otros decidieron no legitimar los comicios. 

En cuanto a las presidenciales, el opositor Henrique Capriles fue inhabilitado sin juicio ni cargos y el Consejo Nacional Electoral manipuló los tiempos para perjudicar a las fuerzas opositoras. No obstante, las elecciones se celebraron con dos candidatos opositores. 

El cuarto y último punto de la anomalía institucional en la que está en inmersa el país bolivariano está vinculado a la autoproclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado, figura que contempla la Constitución en caso de muerte, insanía o vacío de poder. Este último fue invocado por la oposición de manera unilateral pero carece de legitimidad por el hecho de que los que competieron contra Maduro legitimaron ese proceso a pesar de las irregularidades antes mencionadas. 

Con todo esto, podemos decir que las instituciones venezolanas no funcionan producto de que la puja política se trasladó al seno de poder del Estado en donde el oficialismo utilizó todos los mecanismos que tuvo su alcance para manejar los resortes del Estado de la manera mas arbitraria posible. A su vez, la radicalización y el autoritarismo asumido por el chavismo empoderó a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia que, como bien refleja el informe de Bachelet, profundizaron los abusos de poder y las violaciones a los Derechos Humanos.

Los motivos por el que esta drama ocurre pueden estar vinculados a los tiempos de la disputa de los adversarios al gobierno (Estados Unidos y aliados locales) y la negación del gobierno de Maduro de asumir responsabilidades propias y plebiscitar su mandato en circunstancias normales. Cabe recordar que Hugo Chavez se radicalizó luego del golpe de estado fallido de 2002 y en pleno auge de los precios del petróleo.  

¿Cuáles la propuesta de Mauricio Macri para resolver la crisis venezolana? A la luz de los años transcurridos unicamente se pudo observar la persistencia al hostigamiento, el aval a las sanciones y el seguidismo de la estrategia norteamericana que no tiene reparos en coquetear con una intervención militar. La postura de Argentina y de los países ideológicamente a fin nucleados en el Grupo de Lima sirve tan poco como el simplismo de Bolivia, Cuba o algunas fuerzas políticas "progresistas" de echar culpas "al imperio". 

Alberto Fernández se equivocó al decir que "las instituciones funcionan" en Venezuela porque el problema de fondo radica en que eso no sucede. La delgada linea venezolana lo obliga a hacer equilibrio que contenga a todos los actores del amplio Frente de Todos que puede alcanzar para transitar la campaña electoral pero no para abordar el enorme problema de nuestro vecino que no se resuelve siguiendo los tiempos del mainstream periodístico ni respondiendo chicanas políticas vernáculas. 

Los países de América Latina han sufrido en diferentes niveles un profundo deterioro de su institucionalidad. Sin caer en comparaciones, además del caso venezolano nos encontramos con Brasil y Ecuador en donde las garantías constitucionales y el debido proceso fueron dejadas a un costado mientras el modelo económico vigente avanza en la descomposición social, sin embargo, nadie califica de dictador a Lenin Moreno o Jair Bolsonaro. En este, como en muchos otros casos, juega el sesgo ideológico con que el miramos el mundo, por eso, al menos quien escribe, considera que ponerle rotulo de dictadura a las experiencias mencionadas no sirve para explicar ni entender la gravedad del asunto. Tal vez por esto, el propio Alberto Fernandez no tiene reparos en denunciar los atropellos institucionales en Ecuador y Brasil pero le resulta incómodo referirse a Venezuela. Hay muchos más intereses en juego, claro.  

El desafío de Alberto sobre el caso venezolano estará en demostrar que es posible reconfigurar con autonomía relativa un espacio que incluya a todos los actores regionales y globales dispuestos a formar parte de la resolución de un problema que puede agudizarse.