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El intendente volvió a enviar una carta al Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para paliar el impacto de las altas facturas.
El intendente Carlos Arroyo hizo una nueva presentación en las últimas horas ante la Secretaría de Energía de Nación para exigir la aplicación de tarifas del gas "diferenciales" en beneficio de diversas organizaciones, entidades y comercios, que se ven fuertemente afectados por los montos de las facturas.
Se trata del tercer pedido que hace el jefe comunal a las autoridades en pocos meses por esta problemática. El 18 de julio ya había reclamado una reunión "urgente" con Gustavo Lopetegui, el titular de la cartera nacional, y el 12 de junio había pedido una readecuación tarifaria para el distrito.
En esta última carta, el jefe comunal insta a realizar las modificaciones necesarias para fijar un "régimen especial" para las actividades de los lavaderos industriales, piscinas de uso público y clubes, incorporándolos a un sistema con tarifa diferenciada. "Hoy resulta compleja y difícil la situación por la que atraviesan numerosas empresas del Partido de General Pueyrredon. Por las que numerosos establecimientos comerciales e industriales se encuentran en franca dificultad para afrontar los consumos de gas", fundamentó Arroyo.
En la nota, el intendente también solicita que se revalúe el cuadro tarifario del servicio de gas natural correspondiente a todo el sector industrial y comercial, "readecuando de manera urgente la situación de las actividades".
Uno de los casos más dramáticos que se conoció en el último tiempo fue el de un lavadero industrial que está en el corazón del barrio Sarmiento y que está al borde del cierre, después de 30 años de funcionamiento ininterrumpido en la ciudad.
A fines de mayo, el comercio era noticia por haber recibido una boleta de $87.733, que recién pudo pagar meses después con un gran esfuerzo: una parte se abonó en efectivo y el monto restante se cumplimentó a través de una tarjeta de crédito.
Sin embargo, en los últimos meses recibieron una factura $87.121, que ya está vencida, y otra de $77.792. "No nos dan respiro, es una locura. Esto no es viable para ningún tipo de negocio. Es un hostigamiento; no se puede trabajar así", había manifestado a este medio Fabiana Rípodas, la propietaria.
Semanas atrás, los responsables del local ubicado en la calle 9 de julio al 5600 hicieron una presentación en la Justicia Federal, junto a la organización Consumidores Argentinos, para tratar de dar marcha atrás con los tarifazos.
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