Aborto legal

14 de Diciembre de 2020 08:55

Aborto legal: arranca en el Senado la discusión sobre el proyecto

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Tres funcionarios del Ejecutivo nacional expondrán en el Senado. Foto: 0223.

Los ministros Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta expondrán en una reunión de comisión. Buscan debatir el proyecto el 29 de diciembre.

El Senado de la Nación dará inicio este lunes al tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado el viernes por la Cámara de Diputados, con el objetivo de emitir un dictamen el próximo jueves y que pueda ser tratado en el recinto el 29 de diciembre.

El tratamiento en comisiones comenzará a las 14, cuando senadores y senadoras se reúnan para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.

Según publicó la agencia de noticias Télam, el oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. A partir de allí, la intención es llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.

El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. En aquella oportunidad, el expediente sufrió el revés de 38 legisladores.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse.