Coronavirus

31 de Marzo de 2020 20:07

Cómo usarán celulares y notebooks los presos de las cárceles bonaerenses

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El Protocolo también fue remitido al complejo penitenciario de Batán.

El protocolo fue remitido a todas las Unidades. Se permite el ingreso y uso de aparatos mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Luego de la resolución del Tribunal de Casación penal de habilitar a los internos de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense para el uso de celulares y mantener contacto con sus familias mientras sigan restringidas las visitas, se conformó un Protocolo para reglamentar su uso hasta el cierre del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El documento aclarar que la habilitación de las comunicaciones a través de dispositivos móviles en el ámbito del SPB regirá mientras dure el DNU 297/20 o cualquier otra restricción a la libre circulación de las personas con motivo de la pandemia Covid-19.

“Los resultados de la puesta en práctica de este Protocolo permitirán evaluar la extensión de su vigencia, así como la modificación y/o ampliación de su contenido”, aclara en su segundo artículo.

El Protocolo indica que el interno que ingrese con un teléfono celular –que no podrá tener memoria extraíble- deberá declararlo ante el personal a cargo de su recepción, quién registrará la marca, el modelo, el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI) y el número de tarjeta de módulo de identificación de abonado (Chip o tarjeta SIM). En el mismo sentido se registrarán también los datos de la persona que sea propietaria del dispositivo móvil y de la línea telefónica.

“El dispositivo móvil quedará registrado a nombre de la persona que lo ingresó al establecimiento, quien será responsable de todas las comunicaciones realizadas desde ese teléfono celular”, aclara. El mismo trámite se hará en el caso de que al interno se le acerque por intermedio de un familiar un equipo.

En su artículo 4 establece que “las comunicaciones mediante teléfono celular sólo podrán realizarse en los recintos de alojamiento”. En consecuencia, queda prohibida la utilización de dispositivos móviles en los pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea de alojamiento.

Las personas privadas de la libertad que cuenten con celulares podrán utilizar también las líneas de telefonía fija del establecimiento penitenciario y en ningún caso el SPB se hará cargo del costo de las comunicaciones, que podrán tener lugar a cualquier hora del día.

Otro punto del mismo artículo aclara que en caso de situaciones que puedan afectar la seguridad del establecimiento o si la utilización de los teléfonos celulares impidiera el normal desarrollo de actividades o procedimientos en dependencias del SPB la autoridad penitenciaria podrá solicitar la interrupción de las comunicaciones.

Incautación de aparatos

El Protocolo enviado en las últimas horas a lasautoridades de cada Unidad Penal establecer que la inobservancia reiterada de lo dispuesto en el reglamento o la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil dará lugar a la inmediata incautación del teléfono celular y al labrado de las actuaciones administrativas o de una denuncia penal. 

Tras la decisión del Tribunal de Casación también se hablitó el ingreso de notebook, netbook o tabletas sobre las que rigen las mismas condiciones de registración y de uso que para los dispositivos celulares y se aclara la prohibición del uso de redes sociales, con excepción de la aplicación WhatsApp.

“Si la persona detenida estuviera procesada o condenada por hechos cometidos a través de redes sociales o mediante el uso de dispositivos telefónicos, la autoridad penitenciaria podrá inhabilitarle la cámara al dispositivo móvil del que resulte responsable o establecer condiciones de uso específicas para el caso en concreto”, indica.

En el caso de las personas con regímenes abierto y con salidas, deberán exhibir el dispositivo móvil a la autoridad penitenciaria en cada egreso y reingreso al establecimiento.

Por último establece que “las personas privadas de la libertad que actualmente cuenten con teléfonos celulares podrán regularizar su tenencia y utilización” y para ello deberán entregarlos para ser registrados correctamente.

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