La cuarentena dispara un abanico de conflictos que complican a Montenegro

Guillermo Montenegro lleva apenas seis meses como intendente de Mar del Plata. En ese tiempo, tuvo que enfrentar uno de los incendios más grandes de la historia de Mar del Plata. Protestas, acampes, reclamos y, por si fuera poco, una pandemia que sacude al mundo. Sin embargo, estas horas son, tal vez, las más tensas desde que asumió en el cargo. No por la magnitud de los problemas, pero sí por la acumulación: recicladores informales, organizaciones sociales, comerciante y algunos sectores profesionales,  y trabajadores municipales forman parte del amplio abanico de conflictos que enfrenta el jefe comunal por estas horas.

Los recicladores iniciaron la protesta el lunes: permitieron que los camiones descarguen los residuos recogidos ese día y luego bloquearon el acceso. Desde el martes a la mañana, la basura se acumula en las calles. Este miércoles, en medio de una tensión creciente y con Infantería expectante, dieron respuesta a un gesto de buena voluntad que pidió el municipio y permitieron que cuatro camiones descarguen la basura para que luego puedan recoger los residuos del microcentro.

A partir de allí, se los convocó a una “mesa de diálogo” en la sede del Emsur. Las comillas no son caprichosas. “Nos convocan a una mesa de diálogo y si no tenés ninguna respuesta lo mínimo que tenés que tener es una mesa y sillas para sentarte a charlar. No había. Nos metieron en un galpón”, planteó uno de los participantes.

¿Cuál es el conflicto? Los recuperadores informales viven de lo que encuentran de la basura. Lejos de la formalidad y de las condiciones ideales para realizar el trabajo, obtienen alrededor de 2.000 pesos por turno. Hace 60 días que no pueden ir.

La solución más rápida es que les permitan ingresar al predio para poder retomar la actividad. El municipio elevó un protocolo y la OPDS, el organismo provincial a cargo, le sumó otras condiciones. “Es impracticable”, repitieron en las últimas horas tanto los recuperadores como funcionarios del gobierno municipal. Uno de los puntos que plantea la Opds es que la basura permanezca sin tocarse durante 72 horas para que en caso de que haya desechos infectados se dé tiempo a que el virus desaparezca. “En términos sanitarios está perfecto, pero en términos prácticos es imposible de hacer eso”, planteó un funcionario.

Los recuperadores aseguran que si cumplen eso muchas de las 500 familias que viven de juntar basura en el predio no podrían trabajar. “No alcanza ni para la mitad”, plantean. No es el único requisito del organismo provincial. También hace hincapié en que los residuos lleguen separados, algo que hace años que en Mar del Plata prácticamente nadie lo hace. El reciclaje de residuos perdió impulso en la gestión de Carlos Arroyo que abandonó las campañas de difusión y educación para la ciudadanía. “Podemos empezar campañas ya, pero la situación hay que resolverla ya”, admiten.

Sin la posibilidad de trabajar surgió el pedido de un subsidio que se financie con los fondos que los marplatenses pagan por la sobretasa para la gestión de residuos (Girsu).El municipio, en una situación más que endeble en términos financieros, ya avisó que es imposible. La oposición, en cambio, quiere saber qué se hizo con esa plata.

Con esas opciones, se llegó a la mesa de diálogo de este miércoles por la mañana. El Emsur, con Sebastián D’Andrea a la cabeza, planteó que el gesto de permitir que pasen cuatro camiones era insuficiente. “Necesitamos que dejen pasar a todos”, plantearon. La amenaza de un desalojo nunca se hizo expresa, pero la presencia de los infantes hacía imaginar que en cualquier momento podía ocurrir.

El Ejecutivo municipal convocó al presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, al encuentro. Es la principal fuerza opositora en la ciudad, pero al mismo tiempo es la fuerza oficialista en la provincia y la Nación. “¿El ministerio de Desarrollo Social puede aportar algo?”, preguntó D’Andrea. Gutiérrez intervino de inmediato: “Nación y Provincia ya aportaron”, dijo y enumeró que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad  entregó más de 13 mil kilos de alimentos para 326 familias registradas que se distribuyeron una vez por semana desde el 20 de marzo, mientras que, entre esas 326 familias, el Ministerio de Desarrollo Social extendió 211 Ingresos Familiares de Emergencia, de los cuales 85 perciben a su vez la Asignación Universales por Hijo y 28 -de esos 85- también reciben la Tarjetas Alimentar. Además,  107 perciben el salario social complementario. “Ahora les toca a ustedes”, le dijo a D’Andrea.

En ese escenario, la posibilidad de un desalojo parecía escalar. Algunos operadores judiciales deslizaron que era más importante resguardar la higiene de toda la ciudad en tiempos de pandemia que el derecho de las 500 familias de recuperadores. Desde el Frente de Todos le pidieron a las autoridades judiciales que no abandonen la posibilidad del diálogo. Desde el Ejecutivo, en la misma línea, plantearon que es la única manera de arribar a un acuerdo. Y por la noche llegó una tangente: el fiscal federal general Daniel Adler pidió que se dice una medida cautelar para que por cuestiones humanitarias se les permita a los recuperadores ingresar al predio, con la mayor cantidad de medidas sanitarias posibles, pero sin dilaciones.

Lejos del basural  y su realidad, los comerciantes de Güemes se unieron este miércoles para realizar una campaña de afiches en los locales. #QueremosTrabajar pegaron todos los comerciantes. Por segundo día consecutivo, realizaron una manifestación en la calle para pedir que se los autorice a abrir sus locales. Llevan 60 días cerrados y entienden que la situación epidemiológica de Mar del Plata permite que los comercios minoristas funcionen.

También lo cree Montenegro. El martes, en una conferencia, dijo que insistirá ante provincia para que autorice el protocolo enviado hace más de una semana. ¿Hay un mensaje político en la demora? En el municipio lo descartan: “Kicillof está preocupado por lo que se vive en el Amba. Y yo lo entiendo. Mirá si permite la apertura en Mar del Plata y se desmadra la situación. Encima este fin de semana Córdoba tuvo que volver para atrás”, reconocen cerca del intendente. Al mismo tiempo, dicen que hoy no se puede comparar a Mar del Plata con el Amba. “Necesitamos que se autorice. Si en unas semanas la situación cambia, al menos vamos a poder tener unas semanas de actividad”, agregan.

Montenegro volvió a recibir a los referentes de Ucip y dialoga con comerciantes. Pero las respuestas que tiene para ofrecer son escasas: el protocolo se envió, se hizo una prueba piloto, se elevaron las correcciones para mejorar la situación y resta esperar. En medio de esa tensa espera surgió la idea del concejal Alejandro Carrancio: crear una comisión que entregue permisos precarios para que algunas actividades puedan funcionar mientras se aguarda la aprobación de provincia y nación. ¿Es legal? Cerca de Montenegro creen que sí –sin demasiada convicción-, en el Concejo muchos arriesgan que no. El debate que puede desatar este proyecto parece ir por un carril contrario a la urgencia que tienen los comerciantes. Pero al mismo tiempo es un intento más para no esperar de brazos cruzados. 

Este jueves los comercios levantarán sus persianas de manera simbólica lo cual representará una fuerte imagen que seguro trascenderá a los medios nacionales. ¿Qué pasa si los comercios empiezan a abrir sin tener la autorización? ¿Los van a multar? ¿Los van a clausurar? En el Ejecutivo no tienen una respuesta y creen que no falta demasiado para que eso ocurra.

Los comerciantes son el sector más numeroso de Mar del Plata, pero no los únicos que se quejan: kinesiólogos, psicólogos, gimnasios, solo por citar algunos, también exigen retomar la actividad.

El conflicto con el Sindicato de los Trabajadores Municipales no parece  por ahora se maneja en el terreno de las intenciones. El sindicato salió a denunciar la idea del Ejecutivo de reducir los sueldos de los trabajadores. El Ejecutivo respondió con una propuesta de implementar un “plan de austeridad” que implica revisar los principales contratos municipales y también la situación del personal. “Jubilaciones, horas extra, bonificaciones”, deslizó un funcionario. El último ítem encendió alarmas entre los docentes: creen que Montenegro, luego de ser el intendente que restituyó la bonificación docente, puede ser el que se las vuelva a quitar.

Por ahora, los funcionarios son esquivos a dar definiciones. Cualquier palabra de más puede desatar un nuevo conflicto que, por ahora, es innecesario. Es más: las charlas con el secretario general del STM Antonio Gilardi llevaban varias semanas. “Lo ideal hubiese sido que no trascendiera, pero también entendemos que si se filtró es lógico que el sindicato salga a rechazar cualquier posibilidad”, contaron fuentes municipales.

El plan de austeridad abarca más que los salarios: también le apuntan a los contratos de la 9 de Julio, la Ceamse y Edea, entre otras grandes compañías. “Estamos 500 palos abajo todos los meses. Y la recuperación de la recaudación va a tardar”, marcó uno de los negociadores.