Espionaje ilegal: Casación define si el juez Bava sigue en la causa

La Cámara Federal de Casación será la que finalmente resolverá en los próximos días el juez de Dolores, Martín Bava, sigue al frente de la causa en la que se involucra al expresidente Mauricio Macri en las maniobras de espionaje ilegal que se practicaron contra familiares de víctimas del ARA San Juan.

A pesar de haber obtenido dos rechazos a su pedido de recusación, los representantes legales del referente de Juntos por el Cambio consiguieron que el tribunal intervenga, por lo que ahora se debe sortear la sala que defina el futuro de la petición de apartamiento.

Independientemente de lo que ocurra con la recusación, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, también intenta mudar la causa de espionaje ilegal de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, a un expediente que tramita ante el juez Ariel Lijo, según consignó el portal MinutoUno.

En los tribunales de Retiro hay un planteo sobre la competencia que se hizo en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, que espera una decisión de la Cámara de Mar del Plata sobre la cuestión. Lo mismo había planteado el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.

Es que en Dolores tramitan tres causas que están relacionadas, el denominado caso D'Alessio, el espionaje ilegal cometido desde las bases AMBA y el realizado a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

La defensa del ex mandatario sostiene que Macri solo está imputado en la causa del ARA San Juan y que requiere una respuesta al planteo que se hizo para que ese caso pase a Capital. Lo mismo pide Gustavo Arribas, uno de los procesados en la causa por espionaje.

Y mientras se define la competencia por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, y este tercer recurso ante de recusación ante Casación, el juez Martín Bava también debe resolver si procesa o no a Macri en la causa.

En el expediente que se tramita en el juzgado de Dolores, el expresidente Macri está acusado de haber espiado en seis hechos a los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y fines de 2018.

La acusación sostiene que se buscó así controlar los daños que podían generar los reclamos ante “la opinión pública” y que se enmarcó en “un plan sistemático de espionaje ilegal” del que funcionó durante el macrismo.