En 2020, en Mar del Plata y la zona se interrumpieron más de 900 embarazos

La lucha del movimiento feminista sumó una nueva conquista en diciembre pasado cuando finalmente la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se convirtió en ley en Argentina. La misma normativa que anteriormente penaba a quienes decidían suspender su períodos de gestación también contemplaba algunas excepciones y en 2020 más de 900 embarazos fueron interrumpidos en distintos centros de salud de Mar del Plata y la zona.

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Buenos Aires da cuenta que a lo largo del territorio se realizaron 14.330 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 933 se llevaron a cabo en establecimientos de los 16 municipios que integran la Región Sanitaria VIII, entre los que se encuentra General Pueyrredon.

Incluso, en tan solo un año la red de efectores se duplicó con un aumento del 106% de los mismos, alcanzando en diciembre de 2020 un total de 404 efectores de salud que garantizan la práctica, de las cuales el 88% fueron resueltas con la utilización del misoprostol exclusivamente.

Para ello, el Ministerio de Salud bonaerense realizó tres procesos de compra de 304.164 comprimidos de misoprostol al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) ubicado en la provincia de Santa Fe, lo que equivale a 25.347 tratamientos seguros y demandó una inversión de más de $64 millones.

"Garantizar el acceso al derecho al aborto voluntario es redistribuir poder y fortalecer la soberanía corporal y epistémica de las personas con capacidades reproductivas. El trabajo de este primer año de gestión genera condiciones vinculares, materiales y simbólicas que nos permiten avanzar con decisión política a la plena implementación de la interrupción voluntaria del embarazo", sostiene el informe.

Además, el escrito marca que, si bien el aumento absoluto de prácticas "es significativo", aún se torna necesario "trabajar activamente para ampliar la cantidad de efectores en general, pero particularmente en el primer nivel de atención, ya que en la mayoría de los casos la práctica de interrupción de los embarazos es ambulatoria".

Según las cifras oficiales, de la totalidad de Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) que existen en el territorio provincial sólo el 15% tienen equipos que garantizan el acceso al derecho. Este porcentaje asciende a 44% en hospitales municipales y a 87% en hospitales provinciales.

De todas formas, el informe elaborado por la Provincia resalta que "es importante señalar que las 14.330 interrupciones legales de embarazo no es el reflejo de todas las ILE que se realizaron en la provincia en el período indicado, sino que se trata de una construcción que fue posible gracias al proceso de registro que se fue desencadenando a lo largo del año junto con los equipos que encaran la tarea en el territorio".

En relación a las personas gestantes que requirieron la interrupción del embarazo, en el 94% de los casos registrados la primera consulta se realizó con 14 semanas o menos de gestación. Además, el 52% de la población que solicitó el acceso a la ILE tiene entre 18 y 27 años, mientras que el 5% corresponde a personas de 17 años o menos (de los cuales el 99% corresponden a personas entre 13 y 17 años y el 1% a niñas entre 8 y 12 años).

Los registros oficiales, además, resaltan que la tendencia de secuencias por ILE se mantuvo creciente los últimos años y experimentó "saltos importantes" en 2018 luego del debate legislativo - que finalmente quedó trunco - y en abril de 2020 como consecuencia de la instauración del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la pandemia de coronavirus.

"La duplicación de casos a partir de abril del año 2020 se corresponde entre otros motivos con el Aspo y la imposibilidad de las personas gestantes y de colectivas feministas que acompañan abortos para circular sin restricciones por el territorio, pero también y centralmente con una política activa del Estado provincial en materia de acceso a ILE que promovió los llamados para poder acompañar las consultas que no encontraban resolución cercana al lugar de residencia", indicaron.

“Estas acciones conjuntas tuvieron como horizonte un cambio de paradigma en la atención a la salud no reproductiva que reconociera el derecho el aborto voluntario y es la primera vez que la Provincia construye información a través de un sistema de registros con datos sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo”, detalló la directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña.

La funcionaria explicó que “hasta ahora no había información de cómo era el acceso y qué características tenía la población que solicitaba acceso a la interrupción del embarazo y hoy se tiene porque el año pasado se creó un registro de la práctica y un registro de efectores, que son establecimientos de salud del sector público”.

El pasado 24 de febrero pasado se cumplió un mes de la entrada en vigencia en todo el territorio nacional de la ley que garantiza un aborto legal, seguro y gratuito. Desde el ámbito privado habían confirmado a 0223 que las principales clínicas de la ciudad respetan lo establecido y no pusieron en duda el acceso a la práctica.

Por esta fecha, una de las principales inquietudes que manifiesta el sector tiene que ver con la cobertura de este tipo de prácticas. A lo largo de las últimas semanas, incluso, los responsables de las clínicas han mantenido distintas reuniones junto a sus abogados para trazar definiciones en el plano económico financiero.

Por lo pronto, y más allá de estas negociaciones, lo que establece la ley Nº 27.610 es que "los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita de la práctica" de manera obligatoria y en "todas las formas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La legislación señala, en este sentido, que una vez solicitada la prestación por parte de la beneficiaria/afiliada, la obra social o la prepaga tiene un plazo máximo de diez días corridos para dar cumplimiento a la requisitoria. "Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo", se aclara en el texto promulgado por el Ejecutivo.

El derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo existe en el país hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. Y a partir de la semana 15, se contempla si hay riesgo de vida o por el resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente (cuando las víctimas son menores de 13 años, la declaración jurada no se exige).