Subzona 15 II: comenzaron los alegatos a oficiales de inteligencia

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal dio inicio a la etapa de alegatos de la segunda parte de la causa denominada Subzona 15 que juzga a siete ex militares que cumplieron tareas en el área de inteligencia durante la última dictadura cívico militar.

En la primer jornada de la instancia final del debate, la fiscal Laura Mazzaferri, acompañada por María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales, adelantó que solicitará penas para Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese, Emilio Guillermo Nani, Enrique Horacio Capella, Julio Efraín Irizarri y Juan Ramón Goicoechea. Y recordó que el proceso fue suspendido por incapacidad sobreviniente en los casos de los imputados Eladio Alberto Arias y Hugo Pabón.

Además, la agente enmarcó los hechos juzgados dentro del plan sistemático de represión estatal que se desplegó en Argentina durante “la última dictadura que usurpó el poder del pueblo entre 1976 y 1983”, y que fue juzgado y condenado a lo largo y ancho del país. 

“Tenemos por probado que la sistematicidad delictiva fue adoptada como una política institucional de las fuerzas armadas, y que los responsables que operaron clandestinamente no actuaron por propia iniciativa, sino que se ajustaron a las estructuras, a los planes y a las reglamentaciones con absoluta naturalidad, brindando aportes que respetaban criterios de unidad de actuación, que garantizaron la efectividad en la operatividad y ejecución del plan”, sostuvo la fiscal.

Esta metodología, dijo, “está acreditada también en las sentencias dictadas en los juicios de lesa humanidad realizados en la jurisdicción Mar del Plata. Lo que ahora se juzga es el segundo tramo de Subzona 15 o Juicio Acumulado, cuya primera parte tuvo sentencia en abril del 2020”.

“Una de las particularidades de estos juicios, y sobre todo cuando se llega al juzgamiento de quienes operaron en el área de Inteligencia, es que justamente sus nombres no aparecen en boca de los testigos que declaran en el juicio, o lo hacen con carácter excepcional”, dijo.

En este sentido, agregó que “no es casual”. “Estamos hablando de oficiales del Ejército Argentino que cumplieron funciones dentro de un área especialmente sensible en la formulación de las operaciones de lo que se dio en llamar la ‘Lucha contra la Subversión’ y es prácticamente lógico que sus nombres hayan permanecido bien guardados por más de cuatro décadas. La clandestinidad del sistema para el que prestaron funciones y en el que cumplieron las tareas asignadas, garantizaba la impunidad a partir de ese anonimato”, explicó..

Mazzaferri adelantó también un abordaje específico de los crímenes basados en género, cometidos en el marco del ataque generalizado y sistemático desplegado contra la población civil por parte del aparato organizado de poder enquistado en el Estado.

 “Violaciones, embarazos forzados, abortos, condiciones de parto inhumanas, sustracción de los recién nacidos y cualquier otro tipo de violencia contra la mujer en contextos de privación ilegítima de la libertad y desaparición se vinculaban no sólo con la disputa del cuerpo y subjetividad de las mujeres como territorio, sino también con el disciplinamiento de las mujeres militantes, que además de desafiar el modelo socio-económico que la dictadura vino a imponer, desafiaba el armado social patriarcal, donde la mujer estaba relegada al ámbito privado, a las tareas de cuidado y no a la arena pública de la política”, detalló.

Montero y Darmandrail dieron detalles de la plataforma fáctica del juicio, es decir, los hechos que son juzgados durante este debate, donde confluyen casos que ya han sido juzgados en causas anteriores -algunos de ellos con sentencias firmes y otros no- en relación a otros responsables, con 22 hechos que llegan a esta etapa de debate oral por primera vez.