Bar en El Faro: denuncian que la entrega se hizo en base a la falsificación de un documento

Organismos de derechos humanos denunciaron públicamente irregularidades en el trámite administrativo mediante el cual la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 2024, entregó un predio de El Faro que formó parte de un centro clandestino de detención para la instalación de un bar y destilería de gin a la empresa La Restinga.

Según expuso el abogado César Sivo durante una conferencia de prensa realizada este viernes, la tramitación ante la Comuna se inició a través de un “documento falso”, presuntamente realizado por la Sociedad de Fomento El Faro, pero cuya autoría en realidad correspondería a la firma involucrada. Estos elementos surgieron de la declaración testimonial que exautoridades de la sociedad de fomento realizaron esta semana en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, que lleva adelante la demanda impulsada por organismos de derechos humanos para lograr la anulación de la Ordenanza 20.530.

Hace dos años, y a través de esa normativa, se habilitó una triangulación: en primer lugar, se otorgó un permiso de uso y ocupación a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, habilitando a la entidad a ceder el uso del predio a un tercero. Si bien no constaba en el expediente, se sabía que se trataba de Burbarrel S.A., más conocida por el gin Restinga.

El proceso administrativo se inició con una presentación de la sociedad de fomento ante el Municipio, solicitando la cesión del predio con fines sociales. Sin embargo, la declaración testimonial de Andrea Trueba y Ruth Mosquera, autoridades de la sociedad de fomento en aquel 2024, planteó ahora un escenario diferente.

Según informaron los organismos de derechos humanos, los testimonios confirmarían que la sociedad de fomento habría sido utilizada como una “pantalla” para beneficiar a un privado, omitiendo consultas vecinales y desconociendo el valor histórico del sitio vinculado a Memoria, Verdad y Justicia. “Uno de los puntos más críticos de la declaración fue el reconocimiento de que la nota que dio inicio al trámite administrativo no fue redactada por la entidad vecinal. Según declararon, las autoridades de aquel entonces concurrieron directamente a una escribanía para rubricar un texto cuyo contenido ni siquiera recordaban con precisión”, indicaron.

En ese sentido, Sivo explicó que “las declaraciones testimoniales revelan que la sociedad de fomento involucrada no tenía propuestas ni beneficios para la comunidad, y que el documento fue elaborado por la empresa interesada. La administración municipal tiene responsabilidad por no proteger el patrimonio público y permitir que un empresario se beneficie económicamente de un lugar con un pasado de centro clandestino de detención”.

“Es un expediente que arranca con un documento falso, arranca con un documento que asevera una mentira. Y ese documento que asevera una mentira es lo que permite el andamiaje posterior y lo que permite burlar todo el sistema de contratación que podría tener el Estado al disponer de un espacio público”, agregó el letrado.

“Es decir, están reconociendo claramente una falsedad: se inició un expediente a partir de un dato falso para llegar a una conclusión equivocada. Los concejales fueron engañados”, añadió Sivo.

A través de un comunicado, los organismos también remarcaron que el proyecto nunca fue sometido a una asamblea de socios ni comunicado a los vecinos del barrio. La propuesta se analizó en “reuniones informales” entre las entonces autoridades de la entidad y la empresa.

“Esta red de testimonios refuerza la denuncia de los organismos y vecinos: el uso de una institución comunitaria para encubrir un negocio privado sobre tierras que cargan con una profunda sensibilidad histórica y social”, concluyeron.