La polémica por el mural de la memoria borrado llegó al Concejo Deliberante

La controversia por la intervención de un mural vinculado a la memoria sumó un nuevo capítulo y desembarcó en el Concejo Deliberante, donde la oposición presentó un proyecto para exigir explicaciones y avanzar en su eventual restitución.

La iniciativa fue impulsada por concejales de Unión por la Patria, luego de que en los últimos días se denunciara que una obra del artista marplatense Osmar Freites, vinculada a la memoria de las víctimas de la última dictadura y realizada en un paredón que da a uno de los laterales del Centro Cultural Osvaldo Soriano y Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, fuera tapada con pintura. El caso generó fuerte repercusión en ámbitos políticos, culturales y de derechos humanos.

Según se expone en el expediente, el bloque opositor solicitó informes al Ejecutivo local para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido, conocer si existió autorización para intervenir el mural y establecer si el espacio cuenta con algún tipo de protección patrimonial o cultural. También se propuso convocar a organismos de derechos humanos y a la comunidad artística para evaluar acciones de restauración.

Además del informe, también se propuso la aprobación de una Resolución legislativa donde se exprese el “absoluto repudio” a la eliminación del mural 30 mil motivos “llevado adelante en la administración del intendente interino Agustín Neme”.

El episodio tomó estado público a partir de denuncias que calificaron lo sucedido como un ataque a la memoria colectiva. Desde ese sector sostuvieron que la obra tenía un alto valor simbólico al representar la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y formar parte del paisaje urbano desde hace años.

En paralelo, desde el gobierno municipal rechazaron las acusaciones y aseguraron que no se trató de una decisión oficial. Según explicaron, el mural se encontraba en una propiedad privada y fue cubierto en el marco de trabajos de mantenimiento derivados de problemas edilicios, sin intervención directa del Municipio.

La discusión, sin embargo, escaló rápidamente al plano político. Desde la oposición advirtieron que, más allá de la titularidad del inmueble, el caso involucra un bien de valor cultural y simbólico para la ciudad, por lo que consideran necesario que el Estado intervenga para su preservación.

El proyecto también plantea la necesidad de avanzar en políticas públicas que protejan expresiones artísticas vinculadas a la memoria, en un contexto en el que este tipo de manifestaciones suele ocupar un rol central en la construcción de identidad colectiva.