“Buen uso de las redes sociales”: qué aporte hizo la Universidad de Mar del Plata al Gobierno

La Unmdp fue una de las 40 casas de estudios consultadas por la gestión de Alberto Fernández para elaborar el texto final que se espera que se presente en los próximos días de manera oficial.

Los detalles de lo que será el “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en internet”.

30 de Marzo de 2022 07:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) fue una de las voces que escuchó el Consejo Económico y Social (CES) que creo el Gobierno de Alberto Fernández para dar forma a un texto que establece una serie de pautas y consensos en torno al “buen uso” de las redes sociales en el país.

El 6 de noviembre, representantes de la casa de estudios de la ciudad formaron parte del último debate que se llevó adelante en el marco del “Foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación”, que contó, en total, con cuatro ediciones previas.

A partir de octubre, el CES decidió desarrollar un encuentro por cada región: Norte, Centro, Cuyo, Sur y Bonaerense.  Y en cada instancia, según lo que consignó el Ejecutivo, tuvieron la posibilidad de hacer oír su voz más de 600 personas representantes de más de 40 universidades – entre ellas, la de Mar del Plata – y 25 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática.

Alberto Rodríguez, en su rol de secretario de Comunicación de la Unmdp, fue el representante marplatense en el foro y expuso sobre dos ejes: la responsabilidad de “servicio” a la ciudadanía por parte de los medios públicos y la “alfabetización mediática”. “El rol de los medios se planteó desde el lugar de combate contra los discursos de odio y las buenas prácticas que hay que llevar adelante bajo las propias herramientas que tiene el periodismo, en el sentido de propiciar una información cuidada, de calidad y chequeada”, explicó.

Rodríguez, durante su intervención en el l “Foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación”.

“También hice mucho hincapié en el cuidado en la labor que tenemos los medios universitarios en lo que refiere a la llamada ‘alfabetización mediática’, que es un criterio formativo donde también la propia ciudadanía pueda ir tratando de verificar información para que no reenvíe o replique cosas que luego se viralizan sin tener ninguna consistencia informativa”, agregó el hombre que también es vicepresidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (Atei).

Bajo la misma línea, el funcionario universitario insistió en que en estos tiempos de auge de las redes sociales “hay mucha tarea que queda por hacer para el buen periodismo”. “Muchos piensan que las redes quitan fuentes de trabajo pero nosotros lo vemos al revés: ahora el periodismo más trabajo que nunca”, sostuvo, en declaraciones a 0223.

El representante de la UNMdP ratificó la apuesta por ir “hacia una sociedad plural” donde existan “máximos cuidados” para garantizar el derecho a la libertad de expresión y aclaró que en el marco del debate propuesto por el Consejo Económico y Social no se planteó la intención de establecer “cuestiones normativas”. “En las instancias que pudimos participar no se habló de trasladar estos conceptos a una suerte de ley”, remarcó.

 

Polémica y confusión

Este martes generaron fuerte revuelo los dichos del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, al anticipar la presentación de un “estudio pionero” con el objetivo de “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común y para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

La interpretación del anuncio que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del lanzamiento del programa “Plan Argentina Productiva 2030”, fue que el Gobierno de Fernández iba a avanzar en un proyecto de ley al Congreso para regular las redes sociales, lo que activó inmediatamente la polémica.

Sin embargo, en la Casa Rosada salieron a aclarar que esa no es la voluntad política. “No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional”, indicó el propio Beliz en un comunicado que se conoció después de la confusión del anuncio.

 

¿Y qué se hará entonces?

En el marco del programa denominado “Redes para el bien común”, el Consejo Social y Económico busca tener un “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”, que pretende ser el puntapié inicial de un conjunto de acciones contra las expresiones de odio, la desinformación y las noticias falsas que se propagan a través de la web y al que podrán adherir diferentes organismos y entidades.

El documento final, que se espera que se conozca a la brevedad tras los dichos de Béliz, englobará compromisos redactados en función de las normas nacionales, los Tratados Internacionales de DDHH, las Recomendación de la UE 2018/334, el Pacto por la Información y la Democracia y diversos antecedentes nacionales e internacionales.

El acuerdo implica una suerte de guía y un "compromiso voluntario" de todas las partes que integran el ecosistema digital, a partir del convencimiento de que l"as argentinas y los argentinos somos capaces de darle un valor protagónico a la palabra empeñada", según plantearon en el Gobierno de Fernández.

“Es un gran acuerdo nacional que sirva para generar entornos digitales más amigables y respetuosos de la dignidad de las personas. Resulta necesario y urgente avanzar en propuestas de este tipo, en grandes acuerdos estratégicos que den lugar a políticas públicas para impulsar el desarrollo”, había dicho Francisco Jure, uno de los responsables de los encuentros que se organizaron en el marco del “Foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación”.

Todo nace a partir del Pacto por la Información y la Democracia de las Naciones Unidas al cual adhirió Argentina. Allí se promueve la visibilización de las necesidades de los gobiernos para brindar un marco regulatorio actualizado y acorde a los últimos avances tecnológicos e informáticos y fomenta un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable. En total, son 43 los países adherentes.

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