¿A dónde trasladarán la Zona Roja?: el debate que se viene

Cuando este viernes el Concejo Deliberante sancione la ordenanza para la creación del Programa Zonas Seguras, Mar del Plata se convertirá en una referencia nacional al transformarse en una de las pocas ciudades que regularán la prostitución en la vía pública. Sin embargo, no solo no culminará el debate sino que incluso se abrirá uno mayor: la normativa no determina la reubicación de la Zona Roja, una decisión que deberá tomar el Ejecutivo en un plazo de 45 días.

El proyecto elaborado por el oficialismo fue aprobado este miércoles en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad, Género y Legislación, donde el voto positivo de Nicolás Lauría reveló que el gobierno ya cuenta con los votos suficientes para que este viernes se transforme en ordenanza en el marco de una nueva sesión ordinaria. Pero, ¿qué establece más en detalle la propuesta?

Una primera clave: podrán ser varias las “zonas rojas”. El dictamen por mayoría establece que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Ejecutivo, lo cuales no podrán establecerse en zonas en las que hubiera “vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

Segundo aspecto relevante: ¿cómo se establecerá el o los lugares autorizados? Según el proyecto, el Ejecutivo tendrá un plazo de 45 días a partir de la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial para “la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios”. Cumplido el plazo, el intendente Guillermo Montenegro fijará la o las ubicaciones por medio de un decreto, sin intervención del Concejo Deliberante.

“No hay definiciones aún sobre el procedimiento”, reconocieron desde el oficialismo a 0223, mientras que aclararon que la prioridad hasta el momento estuvo en poder consensuar un proyecto hacia el interior del interbloque, como así también superar el debate en las comisiones.

Multas, delitos asociados y condiciones de seguridad y salubridad

El dictamen apoyado por el Palacio Municipal establece que quienes no respeten zonas y horarios recibirán multas de mil a cinco mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil. Serán los jueces de Faltas los encargados de establecer las sanciones, mientras que la Secretaría de Seguridad tendrá a su cargo a la implementación de la ordenanza.

Asimismo, el Estado municipal deberá garantizar condiciones de seguridad y salubridad en el o los lugares autorizados para funcionar como Zona Roja. En ese sentido, se avanzará con la puesta en valor de los espacios públicos elegidos, con una adecuada y funcional iluminación, instalación de baños públicos, refugios y depósitos de desechos; garantizando el mantenimiento de las instalaciones. También se deberán instalar cámaras de monitoreo, coordinando también con las cámaras de privados o particulares que se encuentren en la zona.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad deberá realizar informes semestrales sobre la ejecución y evolución de las medidas, con el fin de evaluar la continuidad “en base a análisis estratégicos y estadísticos”.

Finalmente, el fenómeno del narcomenudeo vinculado a la Zona Roja no es materia regulatoria ya que escapa a las competencias del Concejo Deliberante, aunque en el proyecto de ordenanza se pauta la articulación de acciones a fin de “garantizar la prosecución de aquellos hechos que se adviertan y resulten tipificado por el Código Penal de la Nación”. Para ello, se contempla el refuerzo de la presencia del Cuerpo de Patrulla Municipal.

“Intervención multiagencial”

Recuperando las propuestas presentadas por el Frente de Todos, Juntos también planteó la necesidad de una “intervención multiagencial” con la participación de áreas como Desarrollo Social y la Secretaría de Salud parra implementar programas de asistencia a quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad y/o consumos problemáticos. En tanto, Seguridad y la Subsecretaría de Derechos Humanos conformarán una Unidad de Gestión, a la cual se podrán sumar otras áreas que se crea pertinente, para la implementación de dos programas orientados a este fin.

Por un lado, el Programa Reparar, donde personas en situación de prostitución se podrán inscribir voluntariamente para ser incluidas en programas para culminar estudios primarios y secundarios, facilitándoles el acceso mediante cupos y becas. Asimismo, se las orientará en la prevención, reconocimiento y realización de denuncias por situaciones de discriminación, explotación, violencia, trata y abuso. A su vez, se las asesorará en lo relativo a documentación, identidad y cambio registral.

Finalmente, se llevará adelante un dispositivo de nocturnidad para el abordaje integral de las distintas problemáticas y/o vulneraciones de derechos de personas que ejercen la prostitución, ya sea de salud en general como por consumos problemáticos.