Un nuevo fallo reconoció el cobro de vacaciones no gozadas a exfuncionarios municipales

La justicia en lo Contencioso Administrativa de Mar del Plata falló a favor del expresidente del Emsur, Eduardo Leitao, en su demanda realizada a la Municipalidad de General Pueyredon para percibir el cobro de las vacaciones no gozadas entre 2018 y 2019. El gobierno de Guillermo Montenegro apelará la medida.

Luego de analizar variada jurisprudencia y normativas vigentes, el juez Simón Isacch concluyó que “corresponde reconocer al actor el derecho a percibir la compensación por falta de goce de la licencia anual correspondiente al año 2018 y la parte proporcional por el año 2019 en que se produjo su cese por renuncia”.

Para el magistrado, el derecho del funcionario municipal sin estabilidad a percibir la indemnización por la licencia anual no gozada tiene reconocimiento legal, donde asimismo “la situación de los funcionarios municipales sin estabilidad, quienes anteriormente se encontraban privados del concepto que motiva este pleito, fue zanjada con la sanción de la ley 10.921” en 1990, según consta en el fallo firmado este jueves y al que accedió 0223.

Luego de serle negado el beneficio en el marco de un reclamo administrativo ante la Comuna, Leitao presentó la demanda judicial en junio de 2021. La cifra original fue calculada en unos $800 mil, la que deberá ser actualizada con la sumatoria de intereses, según indicó el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1.

En mayo, el juez Marcelo Fernández, del Juzgado Nº2, había dictado un fallo en la misma dirección, en este caso a favor de la exsecretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz; el exsubsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro; la exsubsecretaria de Educación, Susana Rivero; el exdirector de Desarrollo Social, Cristian Tait, y el exjefe del Departamento de Abastecimiento de Recursos, Jorge Alí. En manos de Fernández está una tercera causa, la más relevante de todas: la del propio exintendente Carlos Arroyo, donde es inminente un fallo similar.

El reconocimiento de las vacaciones no gozadas es resistido por el gobierno de Guillermo Montenegro, desde donde sostienen que los funcionarios deben hacer uso de las licencias y no especular con un beneficio económico al no gozarlas. En junio, el subsecretario Legal y Técnico, Mauro Martinelli, apeló el fallo de Fernández y la causa ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones. El mismo camino seguirá la sentencia ahora conocida en la causa de Leita, según confirmaron desde el Ejecutivo a este medio.