El juez López rechazó la medida cautelar que buscaba suspender la nueva ordenanza de Zona Roja

Determinó que el Comité de Lucha contra la Trata no se encuentra legitimado para litigar en nombre del Estado Nacional. La fiscal Mazzaferri había pedido hacer lugar a la medida cautelar.

El magistrado rechazó la acción de amparo impulsada por Gustavo Vera.

22 de Agosto de 2022 12:24

Por Redacción 0223

PARA 0223

El titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo López, rechazó la acción de amparo presentada por el Comité de Lucha contra la Trata para suspender la implementación de la nueva ordenanza que regula la Zona Roja, al considerar que la dependencia de la Jefatura de Gabinete no se encuentra legitimada para demandar en nombre del Estado nacional.

La decisión del magistrado se conoció este lunes, luego que a la causa se anexara el dictamen de la fiscal federal Laura Mazzaferri donde consideraba no solo que el organismo conducido por Gustavo Vera se encontraba legitimado, sino que también se pronunció a favor de otorgar la medida cautelar solicitada para suspender la ordenanza, debido a que no es legal aplicar multas y penas de prisión a personas que ejerzan la prostitución.

Para López, quien en la resolución no se refirió al debate de fondo sobre la legalidad de la ordenanza que en junio sancionó el Concejo Deliberante, el Comité, en tanto dependiente de la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo de la Jefatura de Gabinete, “no ostenta la capacidad procesal necesaria para atribuirse la facultad de demandar en nombre del Estado Nacional”.

En esa línea, expuso que se entiende por tal “la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y deberes procesales, pues su personalidad jurídica reposa en el Estadio Nacional, que es el único que puede ser demandan a través de los Ministerios respectivos”.

En su análisis, López se detuvo en lo dispuesto en el Art.2 del Decreto 451/2022, que modifica la Ley de Ministerios 22.520, en relación a que a las secretarías solo les compete “asistir” al Poder Ejecutivo, por lo que “carece de virtualidad la pretendida intención de la Fiscalía de atribuirle a las mismas la representación del Estado Nacional”.

De este modo, con el frente judicial allanado, el gobierno de Guillermo Montenegro podrá avanzar en la implementación de la nueva Zona Roja, donde los análisis preliminares apuntan a que serían instalada en la Avenida 10 de Febrero, en las inmediaciones de los cementerios Parque y Colinas de Paz.

Igualmente, el Ejecutivo aún dispone de dos semanas en las que podrá seguir recibiendo sugerencias y recomendaciones para la habilitación de el o los lugares autorizados, debiendo respetar que no pueden ubicarse en zonas con residencias domiciliarias.