Alfredo López definirá la suspensión de la ordenanza que regula la oferta sexual en Mar del Plata

Alfredo López, que públicamente se autoproclamó "provida" y llegó a ser distinguido por dirigentes de ultraderecha, será el hombre de la Justicia Federal que en los próximos días deberá definir si suspende o no la ordenanza que sancionó el viernes 24 de junio el Concejo Deliberante para regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública.

El amparo contra la normativa que presentó esta semana el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas recayó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad, que se encuentra a cargo de López.

El magistrado es el mismo que en junio del año pasado llegó a suspender, en una decisión que hizo extensiva a todo el territorio nacional, la aplicación de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo que le valió fuertes críticas desde distintos sectores de la Justicia y el Gobierno.

El juez "provida" también protagonizó otras polémicas en el último tiempo, al mostrarse públicamente con dirigentes de ultraderecha. En marzo, fue repudiado por integrantes de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo por postear en sus redes la foto de un Falcon verde con una leyenda contra el aborgo, apenas dos días después de cumplirse 46 años de la última dictadura cívico militar que dejó miles de desaparecidos en el país.

Gustavo Vera impulsó el amparo que ahora queda en manos de López al sostener que la ordenanza impulsada por el gobierno de Guillermo Montenegro es "inconstitucional" porque es contraria a las leyes 12331, 26364, y su modificatoria, la Ley 26842, y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal.

El director operativo del Comité contra la Trata solicitó, entonces, que "hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación".

El proyecto oficialista fue aprobado en el recinto con el acompañamiento de los once concejales del interbloque de Juntos y de Nicolás Lauría, lo que relegó el rechazo que manifestó el Frente de Todos.

Con esta ordenanza, la municipalidad aspira a trasladar la Zona Roja, un sector de prostitución tradicionalmente delimitado por Jara, Champagnat, Luro y la calle Belgrano, donde también había constantes denuncias por narcomenudeo.

La normativa, entre otros aspectos, contempla la aplicación de sanciones para quienes no respeten los lugares y horarios autorizados para la actividad. Para quienes no respeten zonas y horarios habilitados, habrá multas de mil a cinco mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil.

“Las sanciones son necesarias para mantener el orden. Y mantener el orden es cuidar al vecino. Los vecinos que estaban viviendo en la Zona Roja no merecían vivir así. Ellos lo planteaban con mucha sinceridad, y no desde un lugar de enojo sino de tristeza”, justificó Montenegro, tras la sanción del proyecto.