El gobierno de Perú le prohibió la entrada a Juan Grabois por “alterar el orden interno”
El dirigente social, que hace días protagoniza una polémica por las 140 hectáreas que le cedió el Gobierno en Chapadmalal, fue incluido dentro de una lista de 16 dirigentes que no podrán ingresar a ese país.
Por Redacción 0223
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La Superintendencia Nacional de Migraciones determinó que un grupo de personas, integrantes del grupo autodenominado “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos”, entre las que se encuentra Juan Grabois, no pueda ingresar a Perú “en aras de prevenir afectaciones a la seguridad nacional, orden interno y orden público”.
La medida se produce tras la visita de este equipo, integrado por 15 argentinos y uno norteamericano, en las semanas de conflictos y movilizaciones sociales en el país.
Los activistas –que desconocen el golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo– se apersonaron al territorio nacional, entre el 8 y 13 de febrero del 2023, para recabar información sobre el tratamiento de las protestas por el gobierno de la presidente Dina Boluarte.
En aquel momento solicitaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en distintos puntos a nivel nacional, para recoger dicha información. Sin embargo, la institución se negó y precisó que no promovió la llegada de esta misión.
En un documento al que accedió Infobae, Migraciones detalló que, de acuerdo con información por la Jefatura de la División de Extranjería de la PNP, “los ciudadanos extranjeros participaron en acciones de protestas y reuniones con dirigentes sociales, infringiendo la norma migratoria peruana”.
“Prestaron declaraciones respecto a temas sensibles, que dividen a la población peruana, evidenciando así la abierta injerencia de extranjeros en la política interna del país; aprovechando el momento de convulsión política, con estos propósitos, que afectan gravemente el orden interno, la seguridad y la soberanía nacional”, se lee en el texto.
Además, se precisa que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter) halló que la conducta de los mencionados, entre ellos la de dos diputados argentinos, “se encontraría vinculada a la realización de actividades que alteran el orden interno, seguridad nacional y orden público”.
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