Intiman a la Provincia a demoler con "urgencia" el sector de talleres de la cárcel de Batán

La jueza Mariana Irianni intimó este miércoles al gobierno de Axel Kicillof a avanzar en los próximos días con la demolición del sector de talleres de la Unidad Penal N°15 de Batán al advertir que corre riesgo la vida de un "sinnúmero" de personas detenidas, civiles y personal del Servicio Penitenciario.

La magistrada elevó "con carácter urgente" la notificación a la Dirección de Infraestructura, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, después de haber dictado hace un mes y medio la clausura parcial del mismo sector, a raíz de una serie de derrumbes.

El área en cuestión, donde los internos tienen la posibilidad de desarrollar diferentes actividades de reinserción, se compone de dos edificaciones, cada una de la cual cuenta con una nave central y dos naves laterales.

A mediados de mayo, las instalaciones de la cárcel fueron inspeccionadas por peritos de la Suprema Corte que aconsejaron “la pronta demolición de ambas naves laterales y a la reparación de la cubierta central con el objeto de detener el deterioro existente”.  

Así, ante la falta de respuestas que acusa de la Provincia y “la urgencia y el peligro real en la demora que podría ocasionar” el peligro de nuevos derrumbes, la jueza resolvió en las últimas horas clausurar la totalidad del sector del penal de Batán y avanzar con la orden de intimación para que se cumpla el pedido que realizaron los ingenieros a título preventivo.

“Con estas medidas se puede evitar el riesgo que corren un sinnúmero de personas detenidas, civiles y personal del Servicio Penitenciario”, consideró Irianni, quien está a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata, en el dictamen al que accedió 0223.

También le exigió al Ejecutivo provincial a que en los próximos diez días “presente un plan alternativo que evite el cese definitivo de las actividades que se llevan acabo en el sector talleres, con el fin de que los internos que allí realizan tareas no se vean afectados por la medida dispuesta”. “Hay que procurar que las actividades que allí se realizan continúen desarrollándose en otros espacios de dicha Unidad Penal, debiendo verificar, en el marco de la presente acción, que no exista riesgo para las personas que allí laboren”, instó la magistrada.

Una historia de abandono y restricciones

El 2 de septiembre, la magistrada marplatense firmó una resolución para restringir la posibilidad que otras jurisdicciones de la zona – con excepción de Necochea – envíen sus detenidos, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite, a Batán. Esa medida se fundó por el alarmante grado de sobrepoblación carcelaria y el deterioro “generalizado” que corroboraron los peritos oficiales en las instalaciones de la cárcel.

Esa medida sigue vigente hasta la fecha, mientras se espera por la presentación del plan de reconstrucción que debe presentar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde que comenzó a tramitarse este habeas corpus, la Provincia realizó distintas obras pero ningún trabajo fue considerado por los expertos como una "solución" para las graves deficiencias estructurales que arrastra el complejo.

La única novedad concreta que se conoció al respecto fue la firma de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por $5.880.000. A la casa de estudios se le encomendó la tarea de "efectuar un informe pormenorizado del estado de situación" de la cárcel, "diseñar una propuesta de plan de mejora" y, en última instancia, avanzar con la "elaboración de un pliego de especificaciones técnicas para la licitación de las obras que demande" la planificación planteada.