Claves para entender la ola de violencia que sacude a Ecuador

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado miércoles en Quito, desató una emergencia nacional en Ecuador, pero a decir verdad, la violencia en el territorio ecuatoriano no es cosa nueva. De hecho, ya en julio de este año habían sido asesinados el alcalde de la tercer ciudad más poblada del país en cuestión, y un candidato a diputado.

Fernando Villavicencio de 59 años, fue asesinado en Quito después de salir de un mitin político, y murió después de recibir tres disparos en la cabeza en un ataque sicarial que también dejó cerca de 40 personas heridas. Si bien el contexto de violencia ya se encuentra instalado hace tiempo en el país tropical, este asesinato fue tal vez el síntoma más grave. Además, en julio de este año fue asesinado Agustín Intriago, el acalde de la ciudad de Manta, ubicada sobre la costa al oeste del país, en un ataque también a manos de sicarios.

A esto se suman los motines carcelarios que han tenido lugar en los últimos días. El último de ellos, que ocurrió en julio, dejó 31 presos muertos en una cárcel de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país. Resulta de relevancia comprender el contexto de campaña electoral presidencial y legislativa, en la que desata esta ola de violencia, en vistas a las elecciones que se supone que tendrán lugar el próximo 20 de agosto.

Tres claves para comprender la ola de violencia en Ecuador

   El atentado sicario en el cual fue asesinado Fernando Villavicencio, dejó 40 heridos.

1.  Narcotráfico

Por norma general la mayor acumulación de violencia, se encuentra en aquellas ciudades o provincias que cuentan con zonas portuarias, debido a la distribución de la droga. En este caso estas provincias serían aquellas ubicadas en el este del país, denominadas Esmeraldas, Guayaquil y Manta respectivamente, las cuales cuentan con los principales puertos del país.

En julio, la Policía Nacional de Ecuador confesó a través de un informe que “La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que posteriormente es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil”. En esa misma publicación, el organismo de seguridad reconoció que la fácil salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias con casi nula revisión, se debe al escaso control por parte del Estado sobre el territorio marítimo y aéreo.

De esta forma, este conjunto de características mencionados, favorecen la formación de organizaciones criminales nacionales y el arribo de otras internacionales. Desde 2019 las cantidades de droga incautada en el país han sido casi triplicadas, pasando de 79,5 toneladas a 201 toneladas en 2023, según el reporte. Otra señal es el aumento de las tasas de homicidio, con una cantidad de 1.088 homicidios registrados en 2019 frente a los 4.761 registrados el año pasado. Las autoridades sostienen que el 80% de estas muertes están relacionadas con el narcotráfico.

Sin embargo, unas cifras suministradas recientemente por la propia policía ponen en duda esta versión. El organismo aseguró que el 79% de las 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023 no tenían antecedentes penales. No obstante, el ministro del Interior, Juan Zapata, ha insistido en los últimos meses en la tesis oficial y además ha ofrecido otro argumento: el aumento en la gravedad de los crímenes. En enero pasado, el funcionario expresó : “Ahora ya no es la muerte selectiva unipersonal. Ahora los eventos son múltiples, no les importa disparar en un restaurante”.  

A pesar de la gravedad del panorama, el ministro Zapata ha negado que todo el país esté bajo el control del crimen organizado. “Las muertes violentas están geolocalizadas. Ecuador tiene 24 provincias, el problema está en cinco, que son la ruta de la droga”, explicó.

2. Violencia política

Fernando Villavicencio, quien trabajó como líder sindical, periodista y diputado, se había lanzado como candidato a la presidencia por el movimiento Construye después de que Lasso, el actual presidente de Ecuador, adelantará el llamado a elecciones para agosto de este año. Su asesinato puso en evidencia la complicada situación que se encuentra atravesando el país.

Varios analistas han señalado que el asesinato de Villavicencio tendría como autores materiales a las bandas criminales financiadas por el narcotráfico. Y es que él, se había destacado por su denuncia de la filtración del narcotráfico en los estamentos oficiales de gobierno y había basado la propuesta de su campaña en afianzar la seguridad ciudadana a través de la policía y el ejército.

Si bien fue el caso más grave, no fue el  único.

En julio el país ya había sufrido y atravesado el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta (la tercer ciudad más grande de Ecuador), quien había sido reelegido en febrero de este año, con más del 60% de los votos y gozaba de alta popularidad. Agustín Intriago, quien recibió 6 disparos, la mayoría en el pecho, mientras visitaba unas obras de alcantarillado en el barrio popular 15 de septiembre de esa ciudad portuaria. Además, en este hecho, que las autoridades calificaron de atentado, también murió Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al funcionario para pedirle una ayuda.

Por otro lado, también en julio, Rinder Sánchez, candidato a diputado por la conflictiva provincia de Esmeraldas, fue baleado cuando cuatro sujetos supuestamente pretendieron robarle su auto.

Sumado a todo este escenario de violencia política, en febrero dos aspirantes a alcalde murieron en contexto de atentados.

3. Violencia y revueltas en las cárceles

La muerte de Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, coincidió con un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas. El pasado 22 de julio, reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas No 1, ubicado en Guayaquil, la segunda ciudad más poblada y donde está el puerto más importante de Ecuador, se enfrentaron entre ellos.

Las autoridades enviaron a 2.700 policías y militares a restaurar el orden y poner fin a los incidentes que dejaron 31 fallecidos, de acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía. Las fuerzas armadas reportaron desde su cuenta de Twitter que durante esas labores los uniformados incautaron un arsenal conformado por fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos. Horas después los presos de 13 de las 35 prisiones del país iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a unos 100 custodios.

La respuesta del presidente Lasso ha sido imponer estados de excepción en distintas zonas del país. Muchos analistas señalan que es difícil que esta medida consiga poner fin a los recurrentes episodios de violencia que se viven en las prisiones y los cuales han dejado 400 muertos desde 2021, según organizaciones como Human Rights Watch.

Para seguir sumando a este panorama desalentador, en algunas ciudades y poblaciones se produjeron atentados y ataques con bombas contra establecimientos comerciales, y vehículos  tanto particulares como de transporte público. Uno de estos hechos sucedió el 1 de noviembre de 2022, cuando en Guayaquil y en Esmeraldas, dos de las ciudades más violentas del país, se registraron atentados criminales con explosivos. Esto sucedió en medio de las alertas emitidas desde la Penitenciaría del Litoral, el reclusorio más violento del país, por posibles traslados de reos. Además, los presos de la cárcel de Esmeraldas retuvieron a ocho guías de la prisión como forma de protesta ante los eventuales traslados de reos.

4. Guerra contra las drogas y prisiones hacinadas

Desde el Gobierno ecuatoriano han culpado del actual auge delictivo no solo a las organizaciones criminales, en particular a los narcotraficantes, sino a la poca inversión de administraciones anteriores en materia de seguridad. Bajo este parámetro el ministro Zapata se trazó como meta elevar el número de policías hasta los 82.000 para 2024.

Sin embargo, hay quienes creen que esta receta no es la correcta. “En Ecuador estamos viviendo una guerra contra las drogas (y tenemos un gobierno) que apunta a poner más policías y militares en las calles, pero que no hace nada por reducir el lavado de activos”, se quejó el analista Luis Carlos Córdova en conversación con BBC Mundo.

“Mientras se juega al gato y al ratón, persiguiendo a pandilleros y distrae hacia la seguridad enormes cantidades de recursos que deberían ir a la inversión social, (el gobierno) no hace nada por romper las estructuras económicas del crimen organizado”, denunció el investigador del proyecto Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Quito.

Córdova cree que el gobierno debería enfocar más recursos a la educación, particularmente para combatir la deserción escolar y evitar así que los jóvenes terminen las filas de las organizaciones criminales.

Y también abogó por reforzar los controles sobre los cuerpos policiales y los militares para combatir sus posibles nexos con los delincuentes.

En cuanto a la crisis carcelaria, cuando firmó el decreto de estado de excepción tras el motin en la prisión de Guayas, el presidente Lasso se mostró confiado en que la medida permitirá “actuar con mayor contundencia para someter a los delincuentes” dentro y fuera de las cárceles. Un optimismo que sus opositores no comparten.

“Este tema no pasa por un decreto de excepción. Estamos de decreto en decreto. Hemos vivido 16 decretos. ¿Qué han resuelto? Absolutamente nada”, dijo entonces la candidata presidencial Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa.

Con la declaración de emergencia nacional tomada tras la muerte del candidato presidencial, ya son 17 los decretos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reclamado de las autoridades ecuatorianas que combatan el hacinamiento carcelario, por considerar que incentiva la violencia y el surgimiento de actividades ilícitas como la extorsión a presos por parte de bandas organizadas.

Hasta 2022 en las prisiones ecuatorianas había 36.599 personas, pese a que sólo tenían capacidad para albergar a 30.169. Y cuatro centros presentaban un hacinamiento del 95%, denunció la CIDH en un informe.