Una cara de la crisis: subió 20% la cantidad de recicladores que asisten a diario al basural

El asesinato de Emanuel Márquez en el basural, el pasado 16 de agosto, expuso la trama de adversidades que atraviesan día a día centenares de familias que viven de lo que encuentran de entre los residuos que desechan unos 667 mil marplatenses, más los ocasionales turistas.

El joven de 23 años murió de un tiro en la cabeza en un caso donde el único imputado es el policía Cristian Andrade, quien habría efectuado los disparos con una escopeta. ¿El contexto? Un conflicto entre recuperadores que fue escalando a raíz de una disputa por el control del espacio, en un contexto donde cada vez más personas se valen para vivir de lo que encuentran en la Planta Social del Predio de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos.

A esa problemática le puso números el propio Emsur, que en un informe oficial reconoció que en los últimos meses subió 20% la cantidad de recuperadores informales que asisten diariamente al lugar, debido al agravamiento de las condiciones socio-económicas en el marco de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. 

Todo esto fue reflejado en el Informe Anual Ambiental 2023-2024 que este lunes presentó la Municipalidad de General Pueyrredon al Concejo Deliberante con los datos del período junio 2023- mayo 2024, un informe regulado por la Ordenanza Nº 11.288/97, la cual exige a la autoridad de aplicación ambiental la presentación de un balance anual del ambiente del partido de General Pueyrredon.

Del informe se desprende que hay dos variables que aumentan, tanto la de la cantidad de recicladores informales registrados ante el Municipio para poder ingresar al basural, como la asistencia, es decir, la cantidad de personas que de ese universo acceden a diario al predio. “Si bien durante los meses de junio a noviembre (NdR: datos de 2023) ingresaron a la Planta Social un promedio diario de 140 personas y de 180 en época estival, este valor se ha visto incrementado un 20% en los últimos meses, principalmente, como consecuencia del deterioro de las economías familiares”, sostuvo el reporte del Equipo Social Girsu, evidenciando un agravamiento en las condiciones desde diciembre, es decir, desde la asunción de Milei. En el informe anterior, de 2022-2023, esos números ya eran significativamente menores, de 120 ingresos diarios en el año y 150 en el verano, una variación promedio del 18%.

En tanto, al cierre del informe actual era 822 las personas inscriptas en los listados que habilitan al ingreso a la Planta Social, donde los recicladores  urgan de entre la basura en busca de elementos con valor de reventa. Ese número era de "aproximadamente 700" marplatenses en el informe del año pasado, es decir, que aumentó 17% en un año.

Esos 822 marplatenses provienen de 34 barrios, concentrándose mayoritariamente en nueve: Barrio Autódromo, Gral. Belgrano, Las Heras, Parque Palermo, Parque Hermoso, Villa Evita, Nuevo Golf, Monte Terrabusi y Santa Rosa del Mar. “La mayoría carece de movilidad propia y cubren la distancia que separa la Planta Social desde sus domicilios a pie, bicicleta, moto, remis, flete o en los camiones transportadores de Residuos Sólidos Urbanos”, apuntó el Emsur.

Escenario crítico

En el informe, el Equipo Técnico Profesional Girsu (ESG) remarcó la relevancia de su presencia en la Planta Social para “la constitución de vínculos de confianza fundados en miradas interdisciplinarias que permiten la aprehensión de situaciones problemáticas que atraviesan las/los Recuperadores Informales y/o los miembros de sus familias para desnaturalizarlas y abordarlas en conjunto con el otro”.

Al respecto, brindó un cuadro por demás crítico en cuanto a la variadas situaciones que atraviesan las personas que viven del basural, con problemáticas extendidas como el consumo problemático, la falta de formación para el mercado de trabajo, indocumentación, violencias de todo tipo y enfermedades.

“El consumo de sustancias psicoactivas es una de las problemáticas que más inciden en los Recuperadores Informales, los que, en su gran mayoría, por su historia de vida, han tenido contacto con la misma desde la niñez o adolescencia”, destacó el informe, donde el Emsur planteó la articulación con distintos dispositivos para el abordajes de situaciones, como con el Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (Semda), Sedronar, Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat) Martillo, Diat Bosque Grande, la ONG Remar y la residencia terapéutica “Viento de Libertad”.

El acceso a la salud es otra de las grandes dificultades presentes, donde por ejemplo se realiza un acompañamiento ante organismos específicos para el acceso a Pensiones no Contributivas y Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), cuyo derecho suelen desconocer las personas que cumplen requisitos para percibir este tipo de coberturas estatales. En esa línea, insiste el reporte, “se continúa articulando con los Caps de General Pueyrredon, el Cema y el Hospital Interzonal General de Agudos”, ante la aparición de complicaciones en la salud de los recuperadores.

En cuanto a la educación y formación laboral, el ESG remarcó la promoción en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Provincial de Formación Laboral y sociedades de fomento de la zona, como con la apertura de tres sedes de formación laboral, con cursos de capacitación para abrir nuevas posibilidad de trabajo.

La vulneración del derecho a la identidad es otra complejidad habitual entre los recuperadores, donde por caso desde la ESG se articulan acciones con el Registro Provincial de las Personas y el Renaper para canalizar situaciones como inscripción de nacimientos, primer o nuevos ejemplares de DNI, tramitación de partidas de nacimientos e incluso reconocimientos de hijos.

En otro tramo del informe se vuelve a poner foco en el efecto que vienen generando las políticas económicas impulsadas desde Nación. En este caso, la afectación en los recicladores ante los ajustes en el programa Potenciar Trabajo, que garantizaba un ingreso mínimo fijo a trabajadores de la economía popular. “El ESG ha articulado con los distintos efectores estatales con el objetivo de evacuar dudas, brindar información y dar respuesta a suspensiones arbitrarias del programa y demás situaciones que desde esta política pública se desprenden”, advirtió el Emsur, brindando un panorama preocupante sobre la situación que enfrentan las familias que viven del basural.