Megacausa Anses: condenaron a cuatro abogados por perjuicio millonario contra el Estado

El Tribunal Oral Federal N°1de Mar del Plata condenó este lunes, entre veinte personas, a cuatro abogados marplatenses por la megacausa de estafa contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Mar del Plata que le ocasionó perjuicios al Estado por más de $90 millones. Los imputados fueron considerados autores y coautores por los delitos de defraudación contra la administración pública, tenencia ilegítima de DNI ajenos y alteración dolosa de registros.

Los abogados Luis Miguel Iros, Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni fueron condenados hasta 8 años de prisión por ser los jefes de la asociación ilícita, mientras que el abogado Luciano Conrado Diez Suarez recibió una pena de 6 años de prisión por ser miembro de la misma.

En tanto, también se condenó a Héctor Seri, José Ricardo Caliyuri, Ariel Fati, Alejandro De la Torre Kriscovich, Juan Carlos Soria, Rodrigo Néstor Jones, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez, Nazareno Di Giovanni, Walter Dubois, Ricardo Manuel Balbuena y Martín Daniel Barreix por otros delitos conexos.

La organización criminal investigada, compuesta por abogados, contadores y médicos, llevaba a cabo diferentes tipos de maniobras en estudio jurídico situado en la avenida Juan José Paso al 2800 con el objeto de obtener beneficios previsionales ilegítimos, en su mayoría retiros por invalidez, por parte de la Anses. Además, tenía connivencia con médicos que desempeñaban funciones en la Comisión Médica Nº 12 de Mar del Plata, puesto que en la investigación se procesó a médicos de dicha entidad.

Las maniobras consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa para generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que resultaron ser los beneficiarios. De esta manera, se fraguaban períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.

Para desarrollar estas maniobras, la organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades como la alteración de registros del sistema de Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, y hasta la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para tal fin.